La economía como ciencia que estudia la creación y distribución de la riqueza no puede ser ciega a las desigualdades estructurales, y muy especialmente antre aquellas desigualdades que existen por cuestión de género.

La economía feminista representa un nuevo enfoque al análisis económico con un alto potencial transformador, al poner en evidencia la necesidad de corregir los supuestos básicos androcéntricos implícitos en la economía y planteando alternativas que integran y analizan no sólo la economía de mercado, sino toda la actividad que permite el funcionamiento de la sociedad en su conjunto, en particular, aquella cuyo objetivo es la sostenibilidad y la calidad de la vida humana.

Como aspectos concretos que dan contenido a la Economía Feminista, son destacables los siguientes:



REDES DE ECONOMÍA FEMINISTA

  • Asociación Internacional de Economistas Feministas

  • European Gender Budgeting Network

  • Women's Budget Group

  • Gender Responsive Budgeting

  • Presupuestos y Género en América Latina

  • CONGRESOS


  • Annual Conference IAFFE Buenos Aires, 2010.

  • XII Jornadas de Economía crítica, Área de Economía Feminista. Zaragoza 2010.
  • III Congreso de Economía Feminista Baeza, 2009

  • Annual Conference IAFFE, Boston, 2009

  • Annual Conference IAFFE, Turin, 2008

  • Presupuestación Pública responsable con la Igualdad de Género, Bilbao, 2008

  • II Congreso de Economía Feminista,Zaragoza, 2007


  • Jornadas de Economía Crítica: Área de Economía Feminista


  • INVESTIGACIÓN


  • Política Fiscal y Género

  • PUBLICACIONES


  • Feminist Economics Review

  • Fiscalidad y Equidad de Género en Latinoamérica

  • Política Fiscal y Género

  • Economía e Igualdad de Género: retos de la Hacienda Pública en el siglo XXI

  • Tijeretazos y deriva económica en España

    Por Carmen Castro

    Se acabó el 2011. El año en que la oligarquía financiera consiguió someter a la democracia. También fue el año en el que parte de la ciudadanía se liberó de su aburguesamiento y despertó como conciencia social altermundista; lástima que no haya sido suficiente para evitar ni el proceso de vampirización financiera de la política económica en Europa ni el resurgimiento de la misoginia más reacionaria.

    En España, además, estrenamos un nuevo gobierno; su elección ha sido favorecida por el castigo electoral al anterior y también por la desporporcionalidad de una ley electoral sesgada al bipartidismo. Así pues, entramos en el 2012 con el ‘indignómetro’ a tope por la resaca de las primas de riesgo, el latrocinio generalizado de la banca, el huracán postelectoral y una especie de ‘resignación social’ ante la creciente desigualdad.

    La investidura del nuevo gobierno en España representó la constatación de algunas de sus marcas ideológicas. La primera fue el desprecio total a la paridad política y a la Ley Orgánica para la Igualdad 3/2007 que en su artículo 16 dice que “los poderes públicos procurarán atender al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad que les correspondan”. La segunda fue el regodeo en una de las perversiones del sistema: el lobby financiero se instaló en el gobierno con el nombramiento del actual Ministro de Economía, completando la reapropiación de la esfera política. Luis de Guindos, junto con Monti, Papademos y Darghi, anteriores representantes de Lehman Brothers y Goldman Sachs (entidades financieras causantes de la crisis) tienen ya entre sus competencias actuales las decisiones económicas que gobierna las vidas de la ciudadanía en Europa. Y la tercera fue el secreto anunciado de que la política económica del nuevo gobierno (del PP) sería aún más agresiva que la iniciada en mayo del 2010 por el anterior gobierno (del PSOE).

    Quien comió las uvas en el cambio de año, lo hizo con el sabor amargo de un tijeretazo histórico, el del 30 de diciembre, anunciado como “el inicio del inicio”; la intención, dicen que, es contener el déficit público que se ha disparado de las previsiones. Para ello se pretende reducir el gasto público en 8.900 millones y aumentar en 6.275 millones de euros los ingresos a través de una subida de impuestos. No dicen, aunque sí sabemos, que en esta desviación del déficit público ha influido la integración de las cuentas de las comunidades autónomas, en gran parte deficitarias y con situaciones escandalosas como la de la Comunidad Valenciana (que ya ha necesitado la ‘garantía de rescate’ desde el Tesoro público ante su falta de liquidez). Y para la noche de reyes nos obsequiaron con un plan de propuestas que se supone complementarán las medidas de ajuste iniciado.

    En España parece haber calado el discurso neoliberal sobre la austeridad fiscal, a pesar de que la desregulación y ‘libre mercado’ que propone es lo mismo que ha provocado la crisis.
    La evidencia en Europa contradice las supuestas benvolencias de este discurso y dan la razón a los avisos del riesgo de recesión económica al que nos llevan las políticas de austeridad y de recortes de gasto público. Pues bien, a pesar de ello, el primer paquete de medidas aprobado por el nuevo gobierno sigue el guión de la austeridad, lo que dificultará la salida de la crisis y nos trasladará a otro escenario: el de mayor pobreza que definen Stiglitz, Krugman y Sampedro.

    De seguir insistiendo en los recortes de renta sobre la población habrá menor consumo, y ya se sabe que ante menos demanda se contrae la oferta, lo que impepinablemente provocará más despidos, más paro y menor recaudación, con un consiguiente aumento del déficit y vuelta a empezar.

    Porque por mucho que digan lo contrario, es evidente que las medidas propuestas no se dirigen a crear empleo ni a reactivar la actividad económica, sino que provocarán una merma de derechos sociales y laborales así como una reducción de la capacidad adquisitiva de las personas asalariadas y pensionistas sin tocar ni un hilo de la cartera de los especuladores y grandes riquezas.

    Veamos algunos aspectos de estas medidas.

    Hay quien reprocha al gobierno que haya subido los impuestos, y que lo tacha de haber mentido durante la campaña cuando juraba y perjuraba que no lo haría . Efectivamente, la hemeroteca destapa las mentiras y cualquiera puede comprobarlo; ahora bien, ¿realmente se la creyeron?.

    En mi opinión, el problema no es la subida de impuestos, si no la estructura y composición de dicha subida; es decir, sobre quién va a recaer y en qué medida afectará al papel del Estado en la redistribución de la riqueza. Pueden hacerse una idea perfectamente porque, lamentablemente, el guión de las políticas neoliberales no es nuevo.

    Las rentas de trabajo financian una parte importante de los ajustes acordados y experimentarán una fuerte pérdida de capacidad adquisitiva, tanto por la congelación de salarios públicos como por la subida del IRPF (el 85% de las rentas declaradas en este impuesto son procedentes del trabajo). Los datos que ofrece GESTHA son demoledores: 2.065 millones de euros anuales aportarán quienes perciben menos ingresos, hasta 33.000 euros, siendo el grueso inferior a 17.700 euros anuales. Y al mismo tiempo quienes perciben más de 300.000 euros anuales aportarán en conjunto apenas unos 465 millones de euros. El desequilibrio es evidente. Y aún más teniendo en cuenta que las mujeres asalariadas se encuentran en mayor medida en los tramos inferiores de renta; es decir, que esta subida del IRPF tiene un sesgo de género pronunciado y aumentará la brecha ya existente. Ya que le han metido mano al IRPF, podrían haber optado por algo que está previsto en la exposición de motivos de la ley: eliminar la tributación conjunta y con ella la desgravación por cónyuge a cargo; de haberlo hecho, además de incidir de manera favorable en el objetivo de igualdad de género, se podrían recaudar los más de 2.000 millones de euros que el Estado deja de ingresar por ese concepto. ¿Será que tampoco este gobierno se ha leido la ley?

    Así pues, lo realmente cuestionable de la subida de impuestos aprobada es que se olvida, una vez más, de que hay otros posibles sujetos contribuyentes además de quienes todavía conservan su empleo con una nómina. Por ejemplo, las grandes empresas, a las que se les podría haber aplicado una subida del Impuesto de sociedades, por ejemplo del 30% al 35%, sobre los beneficios superiores a una determinada cantidad, por ejemplo un millón de euros anuales; esto podría generar unos ingresos de más de 13.000 millones de euros, según las estimaciones realizadas por técnicxs de hacienda. También se podría haber creado un impuesto sobre la riqueza, que es la que en este país se ha escaqueado tradicionalmente de contribuir al sostenimiento del estado de bienestar embrionario que hemos tenido y que ha utilizado refugios como las SICAV, que sólo tributan al 1% o directamente la evasión a paraísos fiscales. Y por supuestísimo, se podría haber creado un impuesto sobre las transacciones finacieras (como propone ATTAC), otro sobre los beneficios de la banca y otro más sobre los ‘bonus’ que siguen cobrando los directivos de las entidades financieras. Es decir, hay alternativas suficientes para conseguir una mayor recaudación vía impuestos de una manera más eficiente y equitativa. ¿Por qué se renuncia a este incremento de ingresos?

    En el segundo paquete de medidas intencionales aprobado el 5 de enero, el gobierno se compromete a intensificar un plan de lucha contra el fraude fiscal, un cometido muy necesario de abordar, y que según el personal de hacienda se podría cuantificar en un cuarto de billón de euros (es decir, 250.000 millones de euros) lo que podría ‘emerger’ hacia las arcas del Estado. Sin embargo, lo aprobado parece ser más un guiño de ‘como si’ en vez de una apuesta real para hacer efectiva esta vía de recaudación fiscal. De hecho la propuesta de un nuevo Plan Nacional contra el fraude pretende recaudar aún menos de lo que actualmente se está consiguiendo (previsión de 8.100 millones frente a los casi 10.400 millones obtenidos en el 2011). En mi opinión, si se aprueba este nuevo Plan en las condiciones anunciadas será un acto de negligencia claramente denunciable.

    Entiendo que todas estas posibilidades – y muchas otras – deberían formar parte de una propuesta de política fiscal progresiva – y progresista – basada en el principio horizontal de equidad. ¿Es creible pensar que el gobierno actual vaya a ponerlas en marcha cuando el gobierno socialdemócrata anterior no lo hizo? Se trata de una duda razonable, sin embargo, ni siquiera la existencia de esta duda sería motivo suficiente para dejar de exigir una política fiscal progresiva en estos momentos. Hace falta, más que nunca, coordinar el criterio de equidad con el de eficiencia económica y exigir que la salida a la crisis no la paguen exclusivamente quienes perciben un recibo salarial.

    Otra de las medidas aprobadas ha sido la congelación del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2012, en los actuales 641,40 euros mensuales que vulnera la normativa existente con premeditación y alevosía y crea un referente peligroso en la tendencia a la precariedad laboral, afectando a quienes tienen peores empleos. Desde el Ministerio de Trabajo se ha intentado minimizar su alcance diciendo que sólo va a afectar a unas 134.000 personas. Habría que preguntarle al gobierno qué sentido tiene pues su aprobación. La primera entidad que ha corregido al ministerio ha sido la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Bizkaia recordando que “según los datos de la EPA del tercer trimestre de 2011 hay en la población activa 686.100 personas dedicadas al empleo doméstico, de las cuales 618.300 son mujeres a quienes la normativa lo único que les garantiza por una jornada completa es la cuantía anual del salario mínimo interprofesional”. Otro sesgo de género claramente pronunciado en la primera tanda de ajustes aprobados.

    La moratoria hasta el 2013 tanto de la Ley de dependencia como de la ampliación a 4 semanas del permiso de paternidad (que ya había sido aplazado por el gobierno anterior hasta el 2012) constituye uno de los ejemplos más representativos del recorte de derechos que conllevan el tijeretazo de este nuevo gobierno. Es más que evidente que tendrán un efecto pernicioso sobre las condiciones de vida de mujeres y hombres y seguirán actuando como lastre al avance en igualdad. El supuesto ahorro de ambas moratorias es, en total, de 250 millones, por lo que su aprobación obedece más a razones ideológicas y posiciones politicas que a cuestiones de índole económico.

    A las mismas razones responde el adelgazamiento del sector público, otra de las marcas ideológicas de ‘la casa’. La decisión de congelar el empleo público, de establecer la tasa de reposición cero de las plantillas o la de eliminar gran parte de las empresas públicas existentes (aunque aún no se conozca cuáles) obedece más al interés de minimizar el papel del Estado que al de eliminar duplicidades en el gasto público. Porque si al gobierno le interesase ahorrar gastos innecesarios podría redimensionar las diputaciones provinciales e incluso optar por plantrear al parlamento la supresión del senado. Tras la cumbre europea del 9 de diciembre, conocimos de manera velada el anuncio de lo que será la eliminación del ‘estado-nación’, su sustitución por la tendencia al federalismo europeo y la toma del poder político de los lobbys financieros y empresariales; cabría esperar pues un reajuste de las cámaras de representación política vacías de contenido, salvo que haya un plan para dotarlar de cometido hoy en día.

    En definitiva, el inicio del nuevo gobierno no augura un devenir favorable para la economia española, más bien lo contrario y tampoco un planteamiento coherente con el cambio de modelo productivo que es obvio que necesitamos.

    Entre las medidas del 30 de diciembre, se ha decidido prorrogar el tratamiento fiscal favorable de la compra de vivienda (ya no sólo la habitual), y con ello se ha reactivado el fantasma de la vuelta al ladrillo y la posibilidad de alimentar a medio plazo una nueva burbuja inmobiliaria. Paradojas del capitalismo: la ‘mano invisible’ del sector financiero ha clamado por la intervención del Estado para contener la caída en el mercado del precio de sus inmuebles y evitar un fuerte descalabro en sus balances. Y al mismo tiempo que se decide acudir a resolver las necesidades de los lobbys inmobiliarios y financieros se decide también echar el freno a la inversión pública en la sociedad del conocimiento con un nuevo recorte de 600 millones de euros en I+D+I. ¿Es este el modelo de desarrollo con el que España pretende salir de la crisis?

    Simultáneamente a todos estos ajustes, para la contención del déficit público, llaman la atención dos movimientos respecto al gasto aprobado: por una parte el mantenimiento de la financiación pública que recibe la iglesia católica (cerca de 10.000 millones de euros) y por otra parte, la inversión de un millón de euros por el Ministerio del Interior para comprar ‘artificios lacrimógenos’ a la guardia civil; algo que sería anecdótico si no fuese por el deterioro de la democracia y la merma de derechos a la que asistimos hoy en día.

    Estos ajustes y aparentes contradicciones responden al modelo de Estado y al modelo de sociedad que representa el gobierno. Y con el tiempo la gente ilusa descubrirá que el ‘milagro’ anunciado no ocurre y que aunque la oligarquía financiera lo proclame en polifonía, cada vez más personas saben que hay alternativas al modelo neoliberal. Todo ello augura que el 2012 será un año de movimientos, de reacción ciudadana y también de articulación de redes de solidaridad fuera de la economía de mercado.

    ——

    Artículo publicado originalmente en Libro de Notas

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    sgd | 07/01/2012 | |

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    1. Se puede decir gritando pero más clarito que lo has hecho tú será difícil.
      Estupendo análisis.


      ana p    9.01.12    #
    2. Gracias, Ana!
      celebro que te haya resultado ‘ilustrativo’
      ;-)
      seguimos con la R-Evolución ;-) …


      carmen    9.01.12    #

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