COMUNICADO DE ATTAC ESPAÑA SOBRE REPRESIÓN POLÍTICA aprobado por la Asamblea de ATTAC España del 14 y 15 de Junio.
La represión que el actual gobierno del PP está ejerciendo contra las manifestaciones populares opuestas a su política neoliberal está llegando a extremos incompatibles con la democracia.
Desde el año 2012 se han impuesto más de 1100 multas con un importe total de más de 200.000 €, siendo especialmente grave la situación en Andalucía (442 multas) y Madrid (389), según informaba el diario Público el pasado 8 de junio.
Pero es especialmente grave el ingreso en prisión de manifestantes que son identificados aleatoriamente por la policía por el mero hecho de participar en estas manifestaciones o en piquetes informativos de huelga.
Carlos Cano, joven que ha terminado la carrera de Medicina, y Carmen, que lleva dos años en el paro, tiene un hijo de 18 años y no recibe ningún tipo de ayuda, participaron en un piquete informativo del 15M durante la huelga general del 29 de marzo de 2012. Con ellos iban unas 200 personas más. A ambos los han condenado a tres años y un día de prisión. En cualquier momento serán encarcelados. En el caso de Carlos, además de la cárcel, la sentencia trunca sus expectativas profesionales pues los antecedentes penales lo inhabilitan para acceder al MIR en los próximos años.
Ana y Tamara de Pontevedra también han sido condenadas a tres años y un día de prisión acusadas de verter pintura en una piscina en una huelga en 2010.
O como las represalias a nuestro compañero Antonio Aramayona, por su derecho, que él dice obligación, como ciudadano consciente de desobedecer leyes injustas. Concretamente el desmantelamiento de una escuela pública, laica y de calidad en favor de un sistema educativo propio de siglos pasados. Después de recibir amenazas con multas diarias de hasta 3.000 euros sin conseguir doblegarlo, ha sido citado, junto a nuestras compañeras Marisol y Marga el próximo día tres de julio a juicio de faltas inmediato en una escalada de represión que lo puede llevar a la cárcel.
En numerosos casos, muchos activistas son multadxs o encarceladxs sin pruebas. Este es el caso de Isma y Miguel que fueron encarcelados durante cuatro meses y puestos en libertad a la espera de juicio, por los sucesos desencadenados por el gobierno del Partido Popular tras la gran manifestación de la Marcha de la Dignidad del 22 de Marzo en Madrid.
Estos son sólo algunos ejemplos en los que el poder judicial, no sólo la policía, está ejerciendo una fuerte represión sobre la población de este país. Los jueces no pueden escudarse en que tienen que aplicar las leyes ya que disponen de mucho margen para aplicarlas y se muestran especialmente duros con el pueblo mientras todo son facilidades para los poderosos.
Consideramos a estos casos como personas presas y represaliadas políticas ya que con su persecución se pretende impedir, mediante las coacciones y el miedo, que el pueblo ejerza sus derechos fundamentales.
Esta represión política se ejerce con objeto de coartar la legítima oposición de la ciudadanía a las tropelías de quienes sustentan el Régimen del 78 contra los derechos sociales de trabajadores y trabajadoras: 27 por ciento de parados, 500.000 desahucios, disminución de salarios y poder adquisitivo, deterioro de las condiciones laborales, de la sanidad, de la educación, aumento de los impuestos a las pequeñas rentas (IVA y tasas), deterioro, de los servicios públicos, …, pobreza, exclusión y hambre
El desorden público no se encuentra en las pacíficas manifestaciones de la ciudadanía. Más bien, el desorden público se encuentran en los desfalcos económicos, en la corrupción política, en la alianza de los gobierno con la banca, con las grandes corporaciones económicas y con la troika. Ahí la impunidad campa a sus anchas ante la inhibición de la justicia. Y cuando existen condenas de la misma, raudo el gobierno popular se dedica a otorgar indultos: a policías condenados por torturas (mossos, policías locales,,,), a políticos corruptos, a banqueros (Alfredo Saenz), a homicidas amigos del PP (kamikaze hermano de un alto cargo del PP del ministerio del interior), a defraudadores fiscales, etc.
Por todo ello ATTAC ESPAÑA manifiesta:
1. Condenar la política represiva del Partido Popular tendente a someter y amedrentar a la ciudadanía para evitar la oposición a sus políticas antisociales y así permitir su fácil aplicación
2. La necesidad de hacer un seguimiento de estos casos y otros que pudieran surgir, manifestándoles nuestro apoyo de manera continuada y manteniendo la información de actualidad mientras no sean liberados o liberadas.
3. Exigir la inmediata absolución de las personas condenadas por ejercer sus derechos constitucionales de libre expresión y derecho de manifestación. Y, en su caso, el indulto (sin que ello signifique asumir la culpa de ningún delito) en caso de condena firme, al considerar que por analogía se suelen conceder a penados de mayor gravedad y con inusitadas penas menores en proporcionalidad a los delitos imputados; así como ser los móviles atenuantes de altruismo en vez los agravantes de codicia, sadismo, abuso de poder y prevaricación.
4. Invitar a las asociaciones, sindicatos y partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil a elaborar un manifiesto conjunto y crear Comités de Apoyo permanentes en cada caso
5. Solicitar a Amnistía Internacional que los acoja como presos o presas de conciencia al igual que hace con sindicalistas y manifestantes de otros países que son encarcelados aplicando leyes injustas.
6. Llamar a la ciudadanía a seguir el ejemplo de quienes se oponen pacíficamente pero con valentía y firmeza al avance del despotismo político y financiero.
Fuente: ATTAC España
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