La merma de derechos sociales vinculada a los ciclos de crisis económica se queda corta ante la especial virulencia de la crisis sistémica y de valores que nos atraviesa desde 2008. Vivimos una fuerte involución social que ha interrumpido el proceso de avance hacia la igualdad de género y está creando nuevas desigualdades y la confrontación por el expolio de derechos; todo ello auspiciado por la orientación de las políticas de ajuste, neoliberales, implementadas.
Introducción
En la primera fase (2008-2009) fue la destrucción de empleo masculino (colapso de los sectores de construción, automoción e industria) la que provocó la alarma social por el empeoramiento de la situación laboral y económica de los trabajadores. El rápido crecimiento del desempleo masculino durante estos primeros años generó la percepción de que esta crisis afectaría fundamentalmente a la situación de los hombre. Sin embargo, pronto fue evidente que se trataba de un sesgo interpretativo. En algunos países como Reino Unido, España, Portugal, Grecia, Rumanía o Irlanda los peores efectos de la crisis se fueron trasladando de la población masculina a la femenina. La fase iniciada en 2010 y su mayor incidencia en el adelgazamiento del sector público emprendido en países como España, Portugal y Grecia (reducción del gasto público, recortes de servicios públicos relacionados con el cuidado y atención a las personas, recortes en educación y sanidad pública, minoración de salarios y la pérdida de empleo) está mostrando que no hay excepción respecto a las anteriores crisis y a la penalización sobre los derechos y condiciones de vidas de las mujeres, con especial incidencia en las mujeres solas con responsabilidades familiares, las migrantes, las jóvenes y también las mayores de 65 años.
El cometido de este artículo es hacer una breve aproximación a la existencia de impactos específicos sobre las condiciones de vida y derechos de las mujeres, teniendo en cuenta como premisas de partida:
1. La crisis ha afectado de manera diferente a los países de la UE. En España se ha mostrado con especial crudeza, debido tanto a los problemas estructurales ya existentes como a la ineficiente orientación de las políticas públicas aprobadas.
2. Las consecuencias sociales y económicas de la crisis han sido
diferentes también según los países y sobre todo según cuáles han sido las politicas abordadas en los mismos. En países como Grecia, Portugal y España los recortes en el sector público han afectado sobre todo a sectores feminizados como la educación, la sanidad y los servicios sociales, lo que ha agudizado la penalización sobre las condiciones de vida de las mujeres.3. El compromiso con la igualdad de género explica el diferente impacto sobre los derechos de las mujeres en la UE. En países como Suecia, la igualdad de género conforma un principio asumido socialmente y que se integra en el núcleo del Estado de Bienestar, de ahí que la igualdad se considere una inversión para el desarrollo y bienestar en vez de un coste a evitar; en otros países esta considración no tiene la misma fuerza. En España y Rumanía, por ejemplo, se utilizó la excusa de la austeridad económica para eliminar los organismos públicos especializados en las políticas de igualdad (como el Ministerio de Igualdad en España) y en otros países se subsumió en otras dependencias públicas (como en la Rep. Checha, Irlanda o Dinamarca), enviando una señal contundente sobre la volatillidad del ilusorio compromiso con la igualdad.
Brechas de género en el trabajo: asentamiento roles de género y desigualdad económica
Los numerosos recortes en los servicios públicos, la minoración de la inversión en las políticas de igualdad y también en las políticas de apoyo a las familias son un síntoma de la débil consideración que la igualdad de género merece a los gobiernos; todas esas medidas inciden en el refuerzo del establecimiento de los roles de género asentado en la división sexual del trabajo; tanto en el remunerado como en el no remunerado.
Las mujeres, en general, dedican más tiempo al trabajo, ahora bien, una mirada desagregada sobre la particularidad del tipo de trabajo permite constatar que es el trabajo no remunerado en el que utilizan más tiempo las mujeres. Esta mayor dedicación al trabajo no remunerado que realiza gran parte de la población femenina tiene incidencias negativas en su calidad de vida, tanto respecto a su incorporación al mercado laboral, como a la menor disponibilidad de tiempo para una jornada de trabajo remunerado, a su estado de salud y al menor acceso a la participación social y política, etc.
Según los datos que obtiene el Instituto Nacional de Estadística (INE) de España, las mujeres dedican cuatro horas y cuatro minutos a tareas domésticas y familiares (mantenimiento del hogar, compras, cuidado de hijos/as y personas ascendientes) en un día promedio, lo que representa dos horas y cuarto más de lo que dedican los hombres al mismo trabajo (cuya dedicación solo ha aumentado 45 minutos en los últimos 7 años).^1^
La variación en el tiempo dedicado por los hombres al trabajo no remunerado no ha sido suficiente para diluir la brecha de género ni mucho menos para romper la división tradicional de roles.
Es sabido que la llegada de hijos/as marca el establecimiento de los roles de género, lo que se traslada también a esta brecha de género.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) constata que la brecha de género en el trabajo no remunerado es mayor cuando existen hijos y/o hijas menores de 15 años.
Esta especialización diferenciada del uso del tiempo, que no puede ser justificada por la mera existencia de preferencias individuales, se ha visto agudizada por las políticas de austeridad y los recortes en los servicios públicos destinados al cuidado infantil y a la atención a la dependencia. En España, por ejemplo, se ha paralizado la aplicación de la “Ley de Dependencia”, reduciéndose hasta un 85% algunas de las prestaciones económicas concedidas por dependencia y eliminando la cotización a la seguridad social de las prestadoras no profesionales en el entorno familiar (mujeres en más del 90%). En Portugal se han reducido las ayudas económicas para el cuidado a menores con discapacidades en un 30%; por citar algunos ejemplos.
La orientación de las políticas de austeridad, en países como España, está provocando una reprivatización de los cuidados hacia el ámbito familiar, reforzando el modelo “familiarista” en el que se espera que sea a través de la “solidaridad familiar” que se llegan a cubrir las necesidades de atención y cuidado de quienes integran un núcleo de convivencia. En la práctica, son las mujeres quienes cargan con la mayor parte de tales obligaciones que antes eran consideradas como una responsabilidad pública a hacer efectiva.
Es decir, la austeridad está alejándonos del horizonte de la igualdad, a pesar de que la propia OCDE explica detalladamente que a través de la inversión en igualdad de género se podrían conseguir mayores rendimientos de todas las inversiones en desarrollo.^2^
El precio de la maternidad
El desigual reparto de responsabilidades a la hora de asumir el trabajo no remunerado ya explicaba, antes de 2007, que la maternidad es un factor de penalización sobre el empleo de las mujeres. Esta penalización se produce, por una parte, de manera indirecta y extensiva a todas las mujeres, como efecto de la percepción de mayor riesgo en su contratación; el factor de discriminación estadística, que consiste en asociar como futuro comportamiento individual el que estadísticamente se muestra como característico del grupo de referencia, afecta a todas las mujeres. Por otra parte, la penalización ocurre también de manera directa, tanto por la menor tasa de empleo de las madres con hijos/as menores de 12 años (que se ha reducido en más de 12 puntos porcentuales respecto a la que había en 2008) como por la mayor incidencia del trabajo a tiempo parcial.
Las politicas de austeridad han puesto el freno a una de las medidas más efectivas para la corresponsabilidad: los permisos intransferibles y bien remunerados ante un nacimiento. Existen evidencias de cómo la introducción de esto permisos bien pagados e intransferibles para los padres conducen a que los hombres, en su mayoría, modifiquen su ‘norma social’, ausentándose más tiempo de su puesto de trabajo y aumentando el tiempo de dedicación al trabajo no remunerado.1 La equiparación progresiva de los permisos por nacimiento entre hombres y mujeres se considera una reforma estratégica para la corresponsabilidad, sin embargo, las políticas de ajuste emprendidas han renunciado completamente a ella. En España se ha aplazado por tercer año consecutivo la ampliación a 4 semanas del permiso para los padres y también se ha aplazado el debate político sobre la proposición de ley para la equiparación de los permisos por nacimiento, a pesar del escaso presupuesto que supondría dicha reforma. En otros países, como Estonia, Eslovenia, Portugal o Alemania, se ha reducido el importe de la prestación económica de dichos permisos, a pesar de tener evidencias que esto provoca, en la práctica, la ineficiencia de los permisos de los padres (cuando son transferibles o están escasamente remunerados).
Las medidas mencionadas son apenas una breve muestra, sin embargo, pueden contribuir a identificar algunos síntomas preocupantes premonitorios del retroceso que va a significar la vuelta al modelo tradicional de roles de género.
La precariedad laboral se ha extendido, y sigue afectando a las mujeres en mayor medida.
El objetivo de alcanzar el promedio del 60% de empleo femenino en 2010 definido en la Estrategia de Lisboa, quedó en papel mojado; y el de llegar al 75% en 2020 que plantea la Estrategia Europea 2020, resulta poco creíble hoy en día; porque, si bien en gran parte de los países de la UE se ha iniciado la creación de empleo (lo que aún no ha ocurrido ni en España, ni en Italia ni en Portugal), fundamentalmente se trata de empleo masculino, combinado, como ocurre en Alemania, con una reducción del empleo femenino desde 2010.
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