Continuando con la reflexión previa sobre cómo repensar la ciudad desde la igualdad de género, abordo esta breve entrada con algunas ideas para seguir avanzando en el tema. En esta ocasión, es la construcción del ‘derecho a la ciudad’ y de la consideración del hilo de argumentación de Dolores Hayden en “What would a Non-Sexist city be like?” sobre cómo el diseño de la ciudad tiene consecuencias diferenciadas en la vida cotidiana de las mujeres. Y es que, si bien el derecho a la ciudad se nutre de otros derechos que se desarrollan en el propio espacio urbano – derecho de asociación, de manifestación, de participación, de vivienda, acceso a la educación, de acceso a la sanidad, a la libre información, a la accesibilidad, al libre movimiento y al respeto e inclusión de los colectivos minorizados- cada vez son más las voces -profesionales, activistas, feministas e instituciones- que insisten en la necesidad de reformular el ‘derecho a la ciudad’ desde una perspectiva feminista.
Es importante insistir en que no existe la neutralidad desde el punto de vista del género, tampoco en lo que se refiere a las políticas de urbanismo, vivienda y regeneración territorial; en esto precisamente inciden las investigaciones y aportaciones feministas, al poner el foco de atención en hacer emerger el análisis acerca de los usos y las experiencias vividas en el territorio, así como las relaciones de poder patriarcales que sostiene o deconstruye.
“Debemos admitir el factor género en la ciudad como la fuente de una nueva cultura compartida, y debemos participar en la definición de una nueva filosofía del ordenamiento territorial” (Carta Europea de la Mujer en la Ciudad, 1995).
Durante los 90, los movimientos sociales se nutrieron de aportaciones feministas que promovieron la elaboración de Cartas de Derechos de las mujeres a la ciudad, como mecanismo a través del que focalizar los aspectos que perpetúan las desigualdades.
“Las mujeres están en desventaja en comparación con los hombres en las ciudades en términos de igualdad de acceso al empleo y la vivienda, la salud y la educación, el transporte, la propiedad de los activos, las experiencias de la violencia urbana, y la capacidad de ejercer sus derechos”. (UN-Habitat, 2013).
Todas estas dificultades se acrecientan en los procesos de guetización o marginalidad a los que deriva la pobreza económica y monetaria en muchas ciudades, acrecentada en estos últimos años por las políticas neoliberales, y que afecta de manera diferenciada a las mujeres.
Cada vez son mas voces las que alertan sobre la ceguera de género de la que adolecen las políticas públicas de servicios y planificación urbanística; sin embargo, sería posible integrar en su análisis el enfoque de igualdad a través de tres dimensiones claves de las transformaciones que concurren en las ciudades:
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La político-institucional: la igualdad de género, como principio ético-político basado en la equivalencia humana, forma parte del los nuevos marcos de consenso institucional y de legitimidad democrática -desde lo global a lo local-. Esto tiene implicaciones tanto en los discursos políticos como en instrumentación de los mismos a través de planificación, la prestación de servicios y la ampliación de actores sociales y entidades llamadas a participar en la construcción de una nueva gobernabilidad urbana.
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La social y económica: el reto de la justicia social, que dicen asumir los gobiernos locales debería integrar la justicia de género entre los criterios de resultados redistributivos conseguidos a través de las políticas municipales; esta premisa aporta la mayor coherencia al nuevo rol de impulsor del desarrollo económico local y de eficiencia en la inversión de los recursos públicos.
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La territorial y espacial: el proceso de suburbanización está trasladando a sectores poblacionales de mayor poder adquisitivo a fuera del territorio urbano, los que provoca una reordenación de prioridades en la planificación de obras públicas y en la extensión de infraestructuras y servicios. Este proceso corre paralelo al de la guetización de los sectores más empobrecidos y de mayor vulnerabilidad económica.
En los últimos años, gran parte de los ajustes estructurales alentados por las políticas neoliberales han ido dando entrada a un proceso de privatización de los servicios -anteriormente públicos- modificando los criterios de acceso a los mismos. Los efectos de dichas políticas de ajuste han sido particularmente graves sobre los sectores poblaciones más empobrecidos, lo que tiene un importante componente de género y se traduce, en la práctica, en una derivación de la responsabilidad de la supervivencia y cuidados a los entornos familiares a las mujeres, dado el peso que todavía tiene la socialización de género.
Como efecto de lo anterior, la reactivación de los mecanismos de desequilibrios estructurales y muy especialmente la desigualdad de género se ha puesto en marcha.
En este contexto adquiere especial relevancia la articulación feminista de procesos y estrategias abordadas por las mujeres para resistir (re)apropiándose de los espacios y a través de ellos subvertir el orden simbólico masculino; un hilo del que seguiré tirando en la siguiente parte de esta reflexión. 😉
La primera parte de esta reflexión está accesible en la siguiente entrada:
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