Sentencia ‘La Manada’. El día que nos violaron a todas

El pasado jueves se hizo pública la sentencia del caso ‘La Manada’. Difícil digerir y aún más olvidar ese día, el día que nos violaron a todas. La sentencia a los cinco integrantes que se autodenominan como ‘La Manada’ provoca inseguridad y desprotección de todas las mujeres, al reforzar de manera injusta la preeminencia de la ‘cultura de la violación’. La impunidad que traslada hacia los depredadores sexuales nos pone a todas en riesgo inminente; la sentencia del caso ‘La Manada’ es una agresión a todas las mujeres, en general, y a la víctima de la violación en particular, cuyo comportamiento ha sido juzgado antes, durante y después de la agresión vivida. El 26 de abril de 2018 lo recordaremos como el día que nos violaron a todas.

Reaccionamos. En medio del dolor y la humillación colectiva conseguimos que la indignación feminista tomara las calles. La respuesta social a la sentencia ‘La Manada’ llegó de manera inmediata con autoconvocatorias en más de 100 ciudades del estado español, una reacción multitudinaria de concentraciones contra la  sentencia ‘La Manada’ al grito de #NoEsAbusoEsViolación y en apoyo moral a la víctima de la agresión sexual nuevamente victimizada y agredida por una sentencia injusta. #HermanaYoSíTeCreo #Estaesnuestramanada y no era para menos. El día que nos violaron a todas conseguimos socializar el dolor, dando salida a la rabia e indignación aunando nuestros pedacitos rotos en una denuncia colectiva de esta (in)justicia patriarcal por la que José Ángel Prenda, Ángel Boza, Antonio Guerrero, Alfonso Jesús Cabezuelo y Jesús Escudero quedan absueltos de los delitos de agresión sexual, robo con violencia o intimidación y del delito contra la intimidad; y rebaja el delito por el que les condena al de abuso sexual.

Paradójicamente las cuatro Asociaciones de Jueces han emitido un comunicado considerando desproporcionada la reacción social contra la sentencia. En mi opinión, este comunicado reafirma la evidencia de que la llamada justicia española tiene un serio problema, está afectada brutalmente por los estereotipos de género y practica una (in)justicia patriarcal que se ceba sobre las mujeres y nuestra libertad sexual. No lo ven, carentes como están de perspectiva de género no son capaces de interpretar cómo el ‘privilegio patriarcal’ respecto al monopolio de poder masculino se impone aplastando los derechos de las mujeres. La ceguera de género hace que se olviden de que la violencia que se ejerce sobre las mujeres es más compleja y va más allá de la violencia física. Algunas juristas han argumentado que dicha ceguera provoca que en mucho casos se aplique un rasero desigual sobre la consideración si existe violencia e intimidación cuando se trata de una agresión sexual contrariamente a lo que considerarían en otro tipo de agresión, como por ejemplo un robo, o incluso cuando el perfil de víctima no es el de una mujer:

“Cinco hombres entran en el chalet de un empresario mediante engaños. Le gritan y acorralan, pero ni empuñan un arma ni le agreden. No les hace ni falta. Consiguen el botín de un hombre aterrado que prefiere abrir la caja fuerte ante la incertidumbre de saber qué le pasará si no lo hace. La sentencia condena a los ladrones por un delito de robo con violencia” (Olga Fuentes, catedrática de Derecho Procesal de la Universidad Miguel Hernández).

Este estrabismo sexista en la sentencia del caso ‘La Manada’ se refleja a lo largo de las 371 páginas del texto en el que se relatan los hechos declarados por la víctima, que los jueces reconocen probados, y que describen en sí mismos una violación; sin embargo, los magistrados no consideran que se haya producido violencia e intimidación, aunque reconocen que las pruebas muestran que la víctima sintió desasosiego, estupor, miedo y que acabó adoptando una actitud de sometimiento y pasividad al sentirse acorralada por 5 varones de edades muy superior a la suya y de fuerte complexión que la agredieron y que ella, sin capacidad de reacción, no encontró posibilidad de escapatoria de dicha situación. La sentencia le dice a las mujeres que han de sufrir violencia extrema para ser creíbles en una agresión un mensaje peligroso que hace recaer sobre las mujeres la responsabilidad de probar que se ha resistido explícitamente, aunque ello signifique poner en riesgo su vida incrementando la probabilidad de acabar muerta, como Nagore Laffage, Diana Quer y tantas otras mujeres. La sentencia ‘La Manada’ dictada por José Francisco Cobo y Raquel Fernandino incluye el voto particular del tercer juez, Ricardo González González, pidiendo la absolución de los 5 en un texto abominable que rezuma misoginia, argumentos discriminatorios y sexistas y en el que considera que hubo una “deshinibición total y explícitos actos sexuales en un ambiente de jolgorio y regocijo en todos ellos, y, ciertamente, menor actividad y expresividad en la denunciante”.

Esta sentencia traslada la falta de reconocimiento legal de que las relaciones sexuales sin consentimiento constituyan una violación; y nos deriva la responsabilidad a las mujeres de  que depende de nosotras protegernos de la violación. Impotencia, indignación, y desprotección legal ante los depredadores sexuales y la permisividad judicial para con ellos. Basta ya!

El desconocimiento no exime de la responsabilidad. La Ley Orgánica de protección integral contra la violencia de género (L.O. 1/2004) recoge en su articulo 47 el mandato legislativo de la necesaria formación especializada en violencia de género: “El Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial y las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, asegurarán una formación específica relativa a la igualdad y no discriminación por razón de sexo y sobre violencia de género en los cursos de formación de Jueces y Magistrados, Fiscales, Secretarios Judiciales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Médicos Forenses. En todo caso, en los cursos de formación anteriores se introducirá el enfoque de la discapacidad de las víctimas”. Algo que, tras la lectura de la sentencia del caso ‘La Manda’, es evidente que se incumple; también se incumplen los instrumentos jurídicos internacionales ratificados por España, en materia de derechos de las mujeres y prevención de violencia de género, como el Convenio de la ONU para la Eliminación de toda forma de Discriminación ejercida contra las Mujeres [CEDAW] o el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica [Convenio de Estambul] en el que se vincula directamente el delito de violación a la falta de consentimiento en una relación sexual. El Pacto estatal contra la Violencia de Género también preveía la necesidad de incidir en la formación específica sobre violencia de género a la judicatura, aunque ese instrumento se ha convertido en papel mojado debido al incumplimiento del gobierno del estado de dotarlo con el  presupuesto comprometido.

El día que nos violaron a todas percibimos con dolor y estupor la total impunidad con la que se incumplen las disposiciones legislativas que supuestamente deberían servir para garantizar nuestro derecho a vivir vidas libres de violencia y percibimos también la sensación de que el sistema judicial pone más énfasis en proteger a los depredadores sexuales que a sus víctimas. Basta ya de misoginia institucional! Seguimos en #AlertaFeminista activando iniciativas de denuncia y #autodefensafeminista. Sentimos rabia, pero no impotencia, por eso, desde la sinergia feminista estamos moviendo iniciativas para conseguir cambiar el relato de la impunidad sexual:

 

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