Hacia un programa electoral feminista para el 28A

Ya somos más de 100 entidades, colectivos y redes feministas apoyando un paquete de propuestas  feministas antes las próximas elecciones generales en España, el 28 de abril. Las vindicaciones feministas dan contenido al siguiente manifiesto feminista ante las elecciones legislativas del 28A que incluye una amplia batería de medidas concretas sobre economía, sanidad, educación, cuidados, sexualidad, consumo, inmigración o laicidad del Estado y que constituye un paso firme de debate y consenso hacia un programa electoral feminista para el 28A.

Manifiesto feminista ante las elecciones legislativas del 28A

El movimiento feminista, intergeneracional y diverso, no cesa de crecer en España, en Argentina, Brasil, EEUU, India y otros lugares del mundo. Desde las movilizaciones en 2013 por el derecho al aborto, el tren de la libertad en 2014, la Marcha estatal del 7N de 2015 contra las violencias machistas y las huelgas feministas del 8 de marzo de 2018 y 2019, somos un movimiento de protesta contra la discriminación y la violencia hacia las mujeres, pero también de propuestas respecto al empleo, los cuidados, las pensiones, la sanidad, la educación, la sexualidad, el consumo, las fronteras y la laicidad. Unidas, fortaleciendo nuestras alianzas con otros movimientos sociales.

Desde las pasadas elecciones de 2016 ha habido tímidos avances institucionales en relación con la igualdad entre mujeres y hombres en nuestro país: se ha alcanzado un Pacto de Estado contra la Violencia de Género (de mínimos) y aumentado sus presupuestos, se han recuperado las competencias en igualdad para los Ayuntamientos … Sin embargo, son todavía muchas las brechas que hay que cerrar para conseguir una igualdad real y efectiva.

A la vez, el contexto en el que estas elecciones van a celebrarse es de suma preocupación para los intereses de las mujeres: crispación política, avance de los fundamentalismos, riesgo de regresión en los derechos alcanzados…

Por este motivo, las organizaciones feministas firmantes proponemos a la ciudadanía y a las candidaturas que se presentan, que las elecciones legislativas del 28 de abril de 2019 supongan una apuesta real por:

1.- LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

1. La aplicación en España del Convenio de Estambul, con el reconocimiento a todas víctimas.
2. Tratar judicial y socialmente como violencia de género las 120.640 agresiones sexuales anuales, según datos oficiales. Geoviolenciasexual.com señala que entre 2016 y marzo de 2019 en España se han contabilizado 104 manadas (agresiones sexuales múltiples) al menos a 111 mujeres, una de cada tres menores de edad (36%), por parte de 356 agresores sexuales, 87 de ellos menores de edad cuando perpetraron las agresiones (24,4%) uno de cada cuatro.
3. Una protección integral de las mujeres y sus hij@s victimas de violencia de género por parte de personal especializado, y además revisar el sistema VioGen y la creación de comisarías especializadas.Apoyamos una Ley de Protección Integral frente a la violencia contra la infancia, con perspectiva de género.
4. Cooperación internacional en materia de VG. Que España y la Unión Europea garanticen la protección internacional de mujeres y niñ@s. Exigimos que se cumpla la medida 153 del Pacto de Estado. Exigimos que no se supedite a que ‘el agresor se encuentre en España’ (art. 23.4.l de la LOPJ) para la protección a las víctimas con nacionalidad o residencia habitual aquí. (Ej. Juana Rivas). Así mismo, exigimos el derecho de las mujeres migrantes de cualquier país a que su situación como víctimas de violencia de género, sea comunicada a las oficinas consulares de sus países de origen. Exigimos un Protocolo de derivación en caso de Retorno a fin de que las víctimas de Violencia de Género que regresen a sus países de origen mantengan reconocidos sus derechos. Creación de una orden Latina-Hispana de protección a las victimas de violencia, a semejanza de la Euro-Orden.
5. Revisar la articulación entre Ley de Extranjería y Ley contra la VG a fin de desarmar la discriminación de facto que se produce hacia las mujeres migrantes en general y hacia las mujeres migrantes en situación irregular.
6. Pedimos que la Conferencia Sectorial de Igualdad apruebe con urgencia el procedimiento de acreditación extrajudicial de la situación de violencia de género, y que organismos públicos especializados en VG emitan informes vinculantes sobre la mujer y sus hij@s.
7. Que se reconozcan los casos de violencia psicológica en aplicación del art. 33 del C. Estambul, siendo imprescindible que se pongan en marcha todas Unidades de Valoración Forense Integral necesarias formadas por profesionales de la sanidad, la psicología y el trabajo social forense.
8. Que la atención jurídica, psicológica y social sea más extensa, y que se preste antes, y no después y supeditada a la presentación de denuncia judicial, y no sólo a la violencia de pareja, especificando su financiación por el Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales. Incluyendo la creación de empleo público.
9. Más participación de las ONGs, con un enfoque interseccional e intercultural, en el seguimiento y evaluación de las medidas contra las violencias machistas.
10. La prohibición de la Custodia Compartida impuesta mediante la supresión del punto 8 del art. 92 del Código Civil que permite, con la jurisprudencia del TS, que se imponga en sede judicial de forma preferente, no teniendo en cuenta los hechos violentos, en contra del art. 31 C. Estambul.
11. Supresión del régimen de visitas y patria potestad en casos de VG aplicando los juzgados los artículos 65 y 66 de la Ley 1/2004 que les facultan para ello y les obligan en todo caso a vigilarlas y que cumplan los puntos 38 y 39 de las Observaciones a España-2015 y el Dictamen 47/2012 (caso Ángela G Carreño) del Comité CEDAW.
12. Una regulación que penalice el uso y apología del falso Síndrome de Alienación Parental (SAP) o su filosofía en los juzgados o fuera de ellos.
13. Que se escuche la voluntad de l@s menores de cualquier edad por especialistas con perspectiva de género y derechos de la infancia.Que en todo procedimiento judicial se escuche a las y los menores teniendo en cuenta su interés superior. Evitando su revictimización y siempre tomándoles declaración con apoyo de profesionales expertas (trabajadoras/es sociales y psicólogas/psicólogos) en atención y evaluación psicosocial de víctimas de violencia de género, violencia sexual y menores. Través de la Prueba preconstituida, contando con los medios y materiales tecnológicos para ello.

14. Formación en temas de igualdad y violencia de género dirigida a operadores jurídicos, fuerzas de seguridad en general que operan en este ámbito, trabajadores/as sociales, psicólogos/as, educadores/as sociales, personal sanitario y educativo, desde un enfoque interseccional e intercultural, así como que se pongan medios necesarios que permitan llevar a cabo metodologías de atención, evaluación y seguimiento que eviten la revictimización (cámaras Gesell, salas amigables,etc).
15. Responsabilidades de la mala praxis de los operadores jurídicos mediante sanciones, penas e inhabilitaciones profesionales. Exigir responsabilidad del Estado en los casos de Violencia Institucional, así como responsabilidad subsidiaria del Estado.
16. Equiparar las ayudas a víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexuala las de las víctimas de terrorismo.
17. Que se retire del texto del anteproyecto de ley de “impulso a la mediación” la obligatoriedad de certificar la asistencia a un proceso de mediación como requisito de admisión de demanda en material de familia”.
18. Cualquier encuesta de carácter sociológico sobre percepción de la violencia no puede equiparar o asimilar la violencia de género con cualquier otra forma de violencia en la pareja o entre familiares. Solicitamos la retirada de España del proyecto de encuesta de Eurostat en el caso de que asimile la violencia de género a cualquier otra forma de violencia.
19. Punto Morado Permanente: atención 24 horas a las mujeres que lo soliciten y que estén sufriendo algún tipo de violencia de género.

2.- MÁS EMPLEOS DE CALIDAD Y REVERSIÓN DE LOS RECORTES, QUE AUMENTAN LA DESIGUALDAD

1. La derogación de las dos últimas reformas laborales
2. Que el pleno empleo, digno e igualitariamente repartido entre mujeres y hombres, y no el integrismo del déficit, sean el centro de una nueva política económica
3. Que el tiempo parcial se compute estadísticamente en tasa diferenciada de la del tiempo completo, y se relacione con la pobreza y violencia contra las mujeres
4. Ratificar el Convenio 189 de la OIT sobre trabajo decente para las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos y establecer la protección por desempleo.
5. Equiparar en derechos a las trabajadoras de hogar: integración en el Estatuto de los Trabajadores, el Régimen General de la Seguridad Social, la Prevención de Riesgos Laborales, el reconocimiento de las enfermedades profesionales, la Inspección de Trabajo, el cálculo de las pensiones y la negociación colectiva. Eliminar la disponibilidad total de las internas.
6. Aprobar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de 426 euros mensuales para cerca de 2,1 millones de personas, dos tercios mujeres, demandantes de empleo sin ingresos.
7. Para que nuestra economía no vaya de una burbuja a otra, destinar el 3% del PIB a investigación y desarrollo, con equilibrio de sexos en el CSIC y las universidades.
8. Trabajar menos para trabajar tod@s: avanzar en la reducción general de la jornada laboral
9. Eliminar la brecha de género en salarios (29%), pensiones (36%) y cobertura por desempleo (15%
10. Que la Ley de Dependencia garantice el derecho a un cuidado digno y condiciones dignas de trabajo a sus profesionales.
11. Exigir y luchar por el cumplimiento de la Ley de Igualdad en las empresas, emplazando a los poderes públicos a garantizar su ejecución ante las resistencias de sectores empresariales y judiciales.

3.- COBERTURA SUFICIENTE DE LA EDUCACIÓN INFANTIL DE 0 A 3 AÑOS Y LA ATENCIÓN POR DEPENDENCIA

1. La cobertura universal, gratuita y pública de la escolarización de 0 a 3 años
2. Que no vuelvan a posponerse en 2021 los permisos iguales, intransferibles y pagados al 100%, de 16 semanas por nacimiento o adopción a cada persona progenitora del Decreto-ley 6/2019 que amplía el permiso de paternidad de 5 a 8 semanas en 2019 y 12 en 2020.
3. Tributación individual al IRPF y cubrir las necesidades de las familias monomarentales, la infancia y personas mayores con gasto público, no con desgravaciones fiscales que crean desigualdad territorial y social. Consideración de las familias monomarentales con un/a solo/a hijo/a sujeto de los mismos derechos que las familias monomarentes con dos o más hijos/as, ya que ambas experimentan dificultades derivadas de la asunción de la crianza y educación por parte de un solo progenitor, independientemente del número de hijos/as a cargo.
4. Carácter universal y suficiente de la atención a personas en situación de dependencia, con financiación adecuada. El proyecto de PGE para 2019 preveía aumentar la aportación del Estado el 59 %, hasta 2.232 millones: 415 M más para las cuantías mínimas, que permitiría atender a 80.000 de las casi 100.000 personas en lista de espera y crear 18.500 empleos con derechos; 100 millones para el nivel acordado suspendido hace años y 315 para pagar la Seguridad social a unas 180.000 de los 408.279 cuidadores familiares (89% mujeres). Pero el Decreto-ley 6/2019 solo favorece la paga a cuidadoras, la prestación más barata y más perpetuadora del desigual reparto de los cuidados entre mujeres y hombres y entre familias y sociedad.
5. La cobertura universal con servicios profesionales y públicos de atención por dependencia generaría 600.000 nuevos empleos (36 por cada millón de euros invertido) mientras la “prestación económica por cuidados no profesionales en el entorno familiar” (ahora más del 31% de las prestaciones) no se adecua a las necesidades de la persona dependiente, no crea empleo y deteriora la salud y derechos de la persona cuidadora.
6. Reforzar los recursos materiales y humanos del sistema de Servicios Sociales y coordinarlo eficientemente con los servicios de salud, para que los tiempos de tramitación no disuadan de solicitar ayuda y los servicios puedan iniciarse cuando se plantea la necesidad.

4.- MECANISMOS INSTITUCIONALES PARA LA IGUALDAD EFECTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

1. Ministerio de Igualdad y fortalecimiento del Instituto de la Mujer y de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. Aprobación en cada legislatura del Plan de Igualdad, con mayores recursos humanos y presupuestos para su incidencia social y política, su coordinación con las Comunidades Autónomas y la participación de las organizaciones de mujeres, como dice el punto 15 de las Observaciones del CEDAW.
2. Crear un cauce amplio de participación de las organizaciones feministas, ya que el actual Consejo de Participación de las Mujeres no es autónomo del gobierno, ni representativo, plural, democrático y canalizador de las reivindicaciones del movimiento feminista.
3. Cumplir el preceptivo desglose por sexos de las estadísticas y su publicidad, y dar a los preceptivos informes de impacto de género de leyes y normas el carácter de análisis crítico del que ahora carecen, incluyendo el del Presupuesto del Estado, incorporando la participación social.
4. Estado laico.

5.- APROBACIÓN DE UNA LEY INTEGRAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL DE MUJERES EN PROSTITUCIÓN Y TRATA

1. La modificación de la legislación punitiva incorporando a la misma las previsiones contenidas en el Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena (1949), tipificando toda intermediación lucrativa en la prostitución ajena, medie o no el consentimiento de la persona prostituida; y la penalización de la tercería locativa; ambas servirán de freno y contención a la industria del sexo y el proxenetismo.
2. Derogación de las medidas sancionadoras habilitadas a través de la Ley de Seguridad Ciudadana y de la normativa autonómica o municipal que contemplan sanciones administrativas de la supervivencia en prostitución.
3. Implementación de medidas disuasorias de la demanda de prostitución, incluidas las sanciones administrativas y punitivas.
4. Creación de un fondo estatal destinado al desarrollo de programas y alternativas laborales para las mujeres de salida de la prostitución, así como la atención psicosocial a mujeres prostituidas.
5. Implementar los medios necesarios para evitar la creación, mantenimiento y difusión de la pornografía, así como su acceso por parte de menores de edad.

6.- SANIDAD PÚBLICA UNIVERSAL

1. Derogación del Real Decreto-Ley 16/2012 y aplicación efectiva del R.D. 7/2018 sobre el acceso universal al sistema nacional de salud de todas las mujeres, incluida las inmigrantes, eliminar los copagos. Financiación del sistema al menos como la media del PIB de la UE, 7,2. España gasta 2.374 euros por cápita frente a los 2.797 euros de la UE.
2. Derogar la Ley Orgánica 11/2015, que priva a las mujeres de 16 y 17 años de autonomía para el aborto. Atención a la I.V.E en centros sanitarios públicos ofertando métodos instrumentales y farmacológicos a elección de la mujer. Acceso a todos los métodos anticonceptivos y píldora de emergencia en todos los centros de atención Primaria y especializada. Sustitución de los objetores
3. Asegurar el acceso a la reproducción asistida en la sanidad pública de mujeres solteras y lesbianas. Transparencia del registro de donación de óvulos y técnicas de reproducción asistida
4. Prevenir y atender el impacto en la salud física y psíquica: de las cuidadoras de personas dependientes o enfermas, de la contaminación ambiental, la violencia de género, la discriminación de discapacitadas, inmigrantes, rurales, ancianas e institucionalizadas, mujeres prostituidas y del abuso y uso de la cirugía estética para la sexualidad, la eterna juventud y la belleza.
5. Atender la morbilidad diferencial entre hombres y mujeres: hipotiroidismo, enfermedades autoinmunes, trastornos musculoesqueléticos, fatiga crónica, fibromialgia, anemia, malestares, depresiones, trastornos emocionales, endometriosis, menopausia. Control efectivo de la terapia hormonal sustitutoria y los nuevos fármacos anti-osteoporosis. Revisión de la vacuna del Papiloma Virus Humano
6. Erradicación de violencia obstétrica: reducción tasas de cesáreas, partos inducidos, episiotomías. Adecuación de mobiliario obstétrico a mujeres con discapacidad. Exigiendo actuación policial ante situaciones de acoso a mujeres y profesionales en el perímetro de clínicas acreditadas de interrupción del embarazo y creación de tipo agravado específico al respecto, dentro del delito de coacciones.
7. No a los vientres de alquiler. Sancionar a las agencias que faciliten información y gestiones sobre contratos de vientres de alquiler, prohibición de toda publicidad y actos relacionados con la misma. Derogación de la instrucción de la dirección general de los registros y notariado de 5 de octubre de 2010, dependiente del ministerio de justicia, que es la que permite la homologación de esta práctica en España.
8. Reposición y aumento de plantillas de enfermería, medicina y otros profesionales de los equipos básicos, como las/os trabajadoras/es sociales, tanto en hospitales como en Atención Primaria con 1.200-1.500 personas por profesional y al menos 10 minutos por usuaria/o. Reforzamiento de los servicios de salud mental, adicciones con perspectiva de género.
9. Formación e investigación en salud con perspectiva de género y obligatoria en prevención y atención a la VG.

7.- ECOFEMINISMO EN LA PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO

1. Economía feminista para situar el cuidado de las personas en el centro. Indicadores alternativos al PIB. Cambio de los hábitos de consumo, abolir la tiranía de la moda y la obsolescencia, dejar de producir y comprar ropa o cosas producidas sobreexplotando a otros pueblos o personas, o innecesarias, y repartir mejor las necesarias. Reutilizar, reciclar y reparar, no usar productos de usar y tirar, sobreenvasados, transgénicos o con sobreprecio “rosa”. Sustituir tampones y compresas por la copa menstrual.
2. Ley de Cambio Climático y Transición Energética para reducir las emisiones del transporte y generales un 55%, salvar de la pobreza energética al 10% de la población, reducir el 40% el consumo de energía y cubrir con renovables el 45%. Fiscalidad ecológica, mejora de la accesibilidad y financiación del transporte público. Que nadie respire aire contaminado según los valores límite de la legislación europea.
3. Ley de Economía Circular que implante el Residuo Cero -que ningún material se pierda en el proceso de la fabricación al consumo-, reducción en origen, eliminación de elementos tóxicos y no biodegradables (como el plástico), la recogida selectiva de la basura orgánica y el retorno de envases con preferencia al reciclado.
4. Ecosistemassanos, garantizar el derecho humano al agua, que “quien la contamina pague”. Plan de emergencia para detener la pérdida de biodiversidad, los incendios forestales y los proyectos extractivistas.
5. Soberanía alimentaria, frenar el desperdicio y promover el consumo de menos carne y procesados y más vegetales de proximidad, ecológicos y de temporada, que frenan la despoblación rural y el impacto ambiental.
6. Acceso igualitario de las mujeres del mundo rural a los recursos materiales, internet, la sostenibilidad y la gobernanza local. Incluir el equilibrio electoral de sexos en ayuntamientos de menos de 3.000 habitantes.

8.- VIVIENDA.

1. Nueva Ley Estatal de Vivienda que garantice su función social en todo el territorio.
2. Modificar el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, con 1,5 millones de viviendas sociales y el 1,5% del PIB. Priorizar el acceso de las personas con rentas bajas, en especial a las familias a cargo de una mujer. Fomentar el alquiler, la rehabilitación y la eficiencia energética. Limitar los alojamientos turísticos.
3. Crear un índice oficial de precios e instrumentos para limitar los precios del alquiler.
4. Modificar la Ley Enjuiciamiento Civil para paralizar el desahucio hasta que haya alternativa habitacional, como solicita la ONU a España.
5. Eliminar el artículo 245.2 del Código Penal, recuperando por vía civil la posesión frente a la ocupación pacífica.
6. Presupuesto específico para activar la Estrategia Nacional Integral para Personas Sin Hogar 2015-2020.

9.- FRONTERAS, MIGRACIONES, REFUGIO Y CIUDADANÍA

1. Auditoría de la venta de armas con participación de las mujeres, para construir la paz.
2. Que España y la Unión Europea apliquen el derecho de asiloy anulen su externalización a Turquía y Marruecos y la devolución en masa de personas refugiadas, el 55% mujeres y niños.
3. Reconocer como refugiadas a las mujeres huidas de su país por sufrir violencia sexual y de género, mutilación genital, trata, matrimonio forzado, crímenes de honor o discriminación del Estado.
4. Cerrar los CIE y prohibir el internamiento de menores, embarazadas, lactantes o víctimas de trata.
5. Aumentar la cooperación internacional y su perspectiva de igualdad de género.
6. Terminar con la inseguridad de las porteadoras en Ceuta y Melilla y con las devoluciones en caliente.
7. Garantía de los derechos de los y las menores no acompañadas (MENAS) por la administración.
8. Derogar la Directiva Europea de Retorno.
9. Que las personas nacidas en el Estado español tengan derecho a la nacionalidad española que la residencia conlleve el derecho al sufragio activo y pasivo a las personas migrantes.
10. Apoyo a las asociaciones de mujeres migrantes y reconocerlas como interlocutoras válidas.
11. Demandar mediadores y mediadoras interculturales para la participación.
12. Derogar la Ley Mordaza

10.- EDUCAR PARA LA IGUALDAD

1. Que la prevención de la violencia de género sea una política prioritaria. Exigimos un sistema coeducativo que incluya educación afectivo-sexual, igualdad de género, prevención del abuso sexual infantil y violencia machistas en todos los niveles educativos, ciclos y ámbitos
2. Recuperación de la asignatura Educación para la Ciudadanía como obligatoria y en las Universidades creación de la asignatura obligatoria sobre Igualdad de Género.
3. Exigimos formación en igualdad con criterios de calidad de profesionales de la educación y demás agentes en los distintos ámbitos, como elementos determinantes a efectos de acreditación, desarrollo y evaluación de los programas aplicados, especialmente en el profesorado de todas las etapas. Así mismo, reclamamos la formación específica para todo el personal que interviene en los medios de comunicación y la producción cultural ya que son también agentes educadores.
4. Puesta en marcha de los Planes de igualdad de los centros educativos con formación obligatoria para los responsables de estos, así como la creación de la figura de agente de igualdad en todos los centros escolares e institutos.
5. Inclusión de manera transversal a mujeres relevantes en todos los ámbitos social, científico, literario etc. en los libros de texto y en el currículum del alumnado de forma que se rompa con la actual segregación en las diferentes áreas de conocimiento.

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