La #MisoginiaInstitucional avanza en el estado español con cada nueva reforma legislativa que anuncia el gobierno y con la instrumentalización de la política en una ofensiva contra los derechos de las mujeres; lo que enmascara cada medida legislativa anunciada es el nuevo ensalzamiento de la ‘masculinidad patriarcal’.
Y es que, los avances en derechos, libertades y emancipación de las mujeres son una afrenta al estatus quo patriarcal; así lo entiende la corriente más reaccionaria y conservadora del gobierno de España que, con la injerencia del fundamentalismo religioso (católico fundamentalmente), están mutilando los derechos de ciudadanía a algo más de la mitad de la población.
El objetivo es que cada quien asuma su papel tradicional y sin salirse del guión (patriarcal).
La ofensiva antiabortista empezó a materializarse con la entrada de la caverna misógina en el gobierno y en sus círculos próximos de influencia. El trofeo ya lo habían anunciado en su programa electoral: la ley de salud reproductiva y sexual y la involución al tratamiento del aborto como delito. Y este sigue siendo su guión: La reforma del aborto que había sido paralizada temporalmente tras la campaña de escraches feministas y la vuelta a la movilización social, 30 años después, por el derecho a decidir de las mujeres, continuará su trámite parlamentario después del verano.
La ofensiva antiabortista nos sitúa en una especia de ‘día de la marmota’ y, una vez más, nos vemos en la necesidad de defender unos ridículos mínimos sobre el derecho básico negado históricamente a las mujeres: el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, sobre la sexualidad y el destino que cada una quiera darle a la misma.
A demás, bajo la excusa de ‘ahorro del gasto sanitario’ se han eliminado servicios y tratamientos públicos que atentan contra la salud reproductiva de las mujeres: la retirada de financiación pública para las mamografías, el cierre de plantas de ginecología en su plan de desmantelamiento de la sanidad pública, la retirada del Sistema Nacional de Salud de 8 anticonceptivos orales de última generación y la última medida anunciada es la de discriminar a mujeres lesbianas y mujeres sin pareja masculina -estable- eliminándolas del sistema público de reproducción asistida.
La conclusión es evidente:
El Estado español aplica una política sexista, misógina, lesbófoba y clasista que atenta contra los derechos y libertades fundamentales incluidos en la Constitución vigente. La intención es la de expropiar a las mujeres de su capacidad de decidir cómo quiere cada una vivir su sexualidad, su sistema de convivencia y su maternidad.
La reacción ante este ataque de #MisoginiaInstitucional ha saltado de las redes sociales a la calle, en forma de #EscracheFeminista ayer, 22 de julio, en algunas ciudades como Madrid (aquí vídeo de la crónica con carga policial incluida), A Coruña, Compostela, Oviedo y también están previstos en Barcelona (el 23) y en Valencia (el 26).
Este ejercicio de #ResistenciaFeminista se articula desde una actitud personal y política de desobediencia feminista como herramienta legítima ciudadana para responder a situaciones injustas impuestas por las ‘normas sociales’ vigentes y por las leyes patriarcales que implementan los gobiernos.
La utilización y control de la maternidad ha sido una táctica utilizada por régimenes de gobierno, en diferentes momentos históricos, con la disculpa de las políticas demográficas (pro-natalistas y también las anti-natalistas). Sin ir más lejos, la Xunta de Galicia acaba de anunciar que gastará unos 650.000 euros en una campaña pro-natalista -interpreto que lo que quieren es animar a tener hijxs, como Dios manda, en familias tradicionales, las de toda la vida, ya saben: un hombre, una mujer y la prole que venga. De esta misoginia institucional, en Europa, tenemos evidencias de cómo en la Italia d Mussolina, la España Franquista y la Alemania nazi el ‘culto a la masculinidad’ se realizaba a través de la negación del derecho a las mujeres de la maternidad, bajo mecanismos como el pago directo a los padres del subsidio o seguro maternal o alentando a las mujeres ‘elegidas aptas’ a contribuir con su ‘función social’ de procrear al desarrollo del país.
Algo comparable a las dictaduras mencionadas es el papel que otorga el gobierno de España a la figura masculina en su modelo de familia, al considerarla determinante para que una mujer pueda acceder al sistema de reproducción asistida en la sanidad pública. Así consta en el borrador de reforma legislativa que hoy se debatirá en el Consejo Interterritorial.
Esta sensación de vuelta al ensalzamiento de la masculinidad patriarcal se agudiza aún más con la reforma recién anunciada sobre la custodia compartida que podrá ser impuesta judicialmente, aún cuando no haya acuerdo entre progenitores. Sobre este tema sigo pensando lo mismo que lo que escribí en este artículo sobre las trampas del debate de la custodia compartida:
Es loable la preocupación por la custodia responsable y por minimizar las consecuencias negativas que tienen sobre los hijos/as las desavenencias de sus progenitores, tanto en caso de divorcio como durante la convivencia. Pero las dificultades surgen a la hora de la práctica, porque las resistencias e intereses patriarcales crean trampas que frecuentemente aparecen envueltas en una apariencia de igualdad (neomachismo)
Conviene tener presente que la imposición de la custodia compartida judicialmente (obligatoria) es un mecanismo que está siendo impulsado en todo el mundo por el Contramovimiento neomachista de las Asociaciones de padres separados (Father Rights Movement) amparada en la ideología del pretendido Síndrome de Alienación Parental, teoría desacreditada por la comunidad científica, “asociaciones” que a menudo acogen en sus filas a hombres condenados por malos tratos. Y por este mismo motivo es una trampa a evitar, ya que legitima la misoginia.
El panorama es desolador, como relata Miguel Lorente en su artículo Custodia asistida, ya que, el conjunto de las últimas medidas anunciadas limita la libertad y la decisión de las mujeres y las somete a sus funciones sociales como madres, pero no de cualquier manera, sino tomando como referencia “lo natural”.
Es la pretendida vuelta a la hegemonía de la masculinidad patriarcal en estado puro, ya sin envoltorios ni endulcorantes.
A esto también obedece el indignante y denunciable intento del Ministerio de Sanidad de realizar una estadística incompleta sobre violencia de género que solo incluirá en el recuento de heridas a las mujeres que hayan permanecido ingresadas en un hospital al menos 24 horas, (una mínima parte del total de víctimas de la violencia machista); un vergonzoso intento de minimizar la incidencia de la violencia machista, una advertencia a las mujeres y un respaldarazo a la panda de neomachistas (los machistas de toda la vida pero con barniz de modernos) y misóginos.
Si el gobierno legisla en contra de más de la mitad de la población hay que cuestionar aún más ¿vamos a legitimar sus acciones?
Es tiempo ya de que la #Resistenciasocial se una a la #ResistenciaFeminista. Hay que echar al fundamentalismo patriarcal de los gobiernos y de nuestras vidas.