Imaginar que es posible provocar la transformación social a través de la justicia redistributiva e identificar el papel de las políticas públicas en el abordaje de este cometido sería, a mi entender, dar un salto cualitativo en la interpretación del mainstreaming más allá de una estrategia para hacer efectivo el enfoque de género en la gestión pública. Incorporar el objetivo de la igualdad a todas las disposiciones, marcos normativos y políticas se ha considerado como un paso previo a la universalización de la meta de la igualdad. Sin embargo, cabe preguntarse si ello ha sido suficiente para eliminar los prejuicios de género y la superación de la subordinación estructural existente que explica gran parte de las discriminaciones que inciden sobre las vidas de las mujeres.
A trav
és de esta intervención quiero compartir algunas reflexiones sobre las formas de aplicación del mainstreaming, cómo se ha entendido y cómo podemos medir y evaluar sus resultados, en una escala de éxito a fracaso. ¿Está sirviendo el mainstreaming de género para lograr una sociedad más igualitaria? ¿Hemos conseguido avanzar en la incorporación de la prioridad de atender a la igualdad de género en la agenda política? Es más, cabría deliberar sobre si la estrategia de transversalidad de la igualdad de género tiene fácil cabida en cualquier agenda política, tras los últimos diez años de gestión austeritaria y de cambios políticos ¿Qué nuevos retos se abren y cómo abordarlos en el contexto actual? ¿Sigue considerándose prioritaria la igualdad de género en los objetivos de la agenda política o los efectos de la ‘crisis democrática’ han evaporado este compromiso político?
En el contexto español, el deterioro de la situación económica y la crisis institucional y política han estado activando una amplia movilización social con demandas de mayor democracia; la renovada activación del movimiento feminista en estos últimos años, así como la amplia respuesta ante la emergencia climática y social están extendiendo las exigencias y reclamos de dignidad democrática, algo que, en principio, conecta con la estrategia del mainstreaming de género.
A partir del marco actual, teórico, legislativo y político, de la constatación de que existe una influencia recíproca entre políticas públicas y estructura social, considero de interés identificar qué giros serían destacables, y qué experiencias resultan alentadoras por haber llegado a impregnar de perspectiva de género la ‘corriente principal’ en las políticas públicas y reorientando las mismas hacia horizontes emancipatorios y de igualdad social. A este respecto, seguiré el planteamiento que realiza la Comisión Europea (1999) para definir la igualdad social (1999) como la “situación en la que todos los seres humanos son libres de desarrollar sus capacidades personales y de tomar decisiones, sin las limitaciones impuestas por los estrictos roles tradicionales, y en la que se tienen en cuenta, valoran y potencian por igual las distintas conductas, aspiraciones y necesidades de hombres y mujeres”. Y a partir de ella, entiendo que emerge la necesidad de analizar en qué medida la perspectiva de género se está integrando en los esfuerzos de emancipación de los diferentes grupos poblacionales oprimidos (por raza, clase social, discapacidad, orientación sexual, lengua, territorio, etc.), en qué medida el enfoque es el de ‘múltiple discriminación’ o el de la interseccionalidad, en base a las probables fragmentaciones de diversidades y la posible tendencia despolitizadora que pudiera conllevar.
Una vez definidos los objetivos y horizontes políticos, convendría poner el foco en cómo, de qué manera, la estrategia de transversalidad de género está favoreciendo la modificación de los procesos de elaboración de políticas públicas, y en qué medida conlleva implicaciones para dotar a la gestión pública de un sistema efectivo de calidad y mejora continua. En este sentido, teniendo en cuenta las experiencias de mainstreaming que las administraciones públicas están liderando, qué duda cabe que el proceso de presupuestos con enfoque de género puede llegar a convertirse en la palanca de cambio necesaria para el éxito en la introducción progresiva del principio de igualdad de género. Sostengo que sí, su especial relevancia y efecto multiplicador por la posibilidad de interaccionar igualdad de género y eficiencia pública, lo convierten en un instrumento con gran potencialidad para propiciar el necesario cambio y adaptación de la administración pública en corresponsabilidad también con el horizonte de igualdad social; en este sentido, es importante tomar en cuenta las reflexiones sobre algunas cuestiones estrechamente vinculadas con la (in)justicia redistributiva: cómo se recaudan los fondos, en base a qué, de quién y qué transmite, así como que determina su redistribución, la funcionalidad y uso de los mismos, si contribuye a cerrar las brechas de desigualdad existentes, a polarizar los desequilibrios, a hacer más llevadera las situaciones de desigualdad, a reconocer y dignificar el trabajo no remunerado, a diluir o agrandar las brechas de género, etc.
La aplicación práctica de esta estrategia nos muestra que no es suficiente la adopción formal del principio de igualdad o la inclusión del mismo en los discursos políticos. La complejidad del funcionamiento de las administraciones públicas, las dinámicas e inercias instaladas y los profundos sesgos sexistas tienden a dificultar el potencial de una estrategia transformadora como esta. Ser consciente de esta realidad nos debería llevar a reflexionar si las experiencias prácticas de gender mainstreaming están posibilitando la articulación y funcionamiento de mecanismos democráticos de toma de decisiones en áreas de especial relevancia, si se está propiciando consolidar las buenas prácticas conseguidas y si el esfuerzo por evitar caer en su consideración como herramientas de burocratización y gestión está dando frutos y si se está alimentando su cometido en el objetivo de transformación social y equidad de género.
¿Qué podemos aprender de las experiencias y hacia dónde apuntan los retos actuales? ¿Es la justicia redistributiva y la perspectiva feminista la que va a alentar esta nueva fase de cambio estructural necesario? ¿Qué necesitamos para hacerlo posible y qué sinergias podemos articular desde las experiencias relevantes de mainstreaming de género?