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Manifiesto feminista sobre los Presupuestos Generales del Estado para 2016

por | 1 Sep 2015 | Activismo, Ciudadanía, Economía Feminista

Manifiesto feminista sobre los presupuestos generales del Estado para 2016

El Gobierno ha adelantado a agosto el debate de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2016, para aprobarlos antes de las elecciones legislativas de noviembre o diciembre de 2015, lo que no ayuda a la participación de la sociedad civil. Pese a ello, y precisamente por su incidencia en las elecciones, las organizaciones abajo firmantes no renunciamos a hacer, por 8º año consecutivo, este Manifiesto a la sociedad y a los grupos parlamentarios sobre su Impacto en la desigualdad entre mujeres y hombres.

Son el cierre de una legislatura marcada desde su inicio en noviembre de 2011 por durísimos recortes y reformas, como la laboral, que no han aumentado el empleo –del 4º trimestre de 2011 al 2º trimestre 2015 las personas con empleo han bajado de 18,15 a 17,86 millones- pero sí su precariedad, aumentando la desigualdad social y de género. El recorte presupuestario en igualdad de las mujeres ha sido del 20,9% a lo largo de esta legislatura (2012-16) y del 47,6% respecto a 2009. En 2016 los presupuestos para igualdad y violencia son tan sólo el 0,0103% del total.

El mensaje electoralista del Presupuesto de 2016 es que hay recuperación: un marco macroeconómico de incrementos del PIB (engordado desde 2015 con la prostitución y el tráfico de drogas) en un 3%, del empleo en un 2,8% y del IPC en un 1,1%, y de descenso del déficit público del 4,2 al 2,8% del PIB (2,2% en la Administración Central, 0,6% en la autonómica y 0% en la local), por una previsión de ingresos por impuestos y cotizaciones de nuevo inflada al 6,8%, pese a la reforma tributaria y a que el avance de resultados de la Seguridad Social en 2015 revela que las cotizaciones no han crecido el 6,8% previsto, sino el 0,8%, cifra muy inferior al aumento en un 3,4% de las personas afiliadas, debido a sus bajos salarios.

Aunque sólo se habla de la deuda pública griega, la española ha crecido de 2011 al primer trimestre de 2015 del 63% al 98% del PIB. Y en 2016 más de un cuarto del gasto -155.479 millones- es para intereses (33.554 millones en Capítulo 3) y para activos y pasivos financieros (121.884 millones en Capítulos 8 y 9) lastrados aún por las adquisiciones de bancos en quiebra y operaciones abusivas. Es un 3% menos que en 2015, pero 100 veces más que lo que se gasta en atención a la infancia y a personas en situación de dependencia (161+1.253=1.414). Por ello seguimos reclamando una Auditoría Ciudadana de la Deuda.

El presupuesto de Gastos consolidado (incluyendo Seguridad Social y otros entes) es de 436.372,82 millones de euros, un 1,7% inferior al de 2015, pero debido al descenso de la población supone 9.957 euros por habitante. La previsión de ingresos no financieros es de 287.632 millones, de los que el 88% son por impuestos y cotizaciones sociales.

El Informe Oficial de Impacto de Género que por 8º año acompaña al Proyecto de Presupuestos 2016 sigue, como los anteriores, sin analizar la cuantía en euros de los programas presupuestarios a que se refiere, cuestión esencial del presupuesto, ni por tanto evaluar si suben o bajan y si son suficientes para los objetivos del Plan Estratégico de Igualdad 2014-2016. Reitera también la omisión del análisis de género de los ingresos, y de la Seguridad Social, cuando las pensiones contributivas y no contributivas vuelven a subir en 2016 el 0,25 %, y las pensiones de viudedad están en el centro del debate, siendo mujeres el 93% de los 2,3 millones de personas que viven de ellas.

Nosotras consideramos que tienen especial influencia en la vida de las mujeres:

 1.- El recorte del 22% en prestaciones por desempleo incrementará la pobreza y la feminización de la pobreza.

El PGE 2016 recorta el 21,7% la dotación para protección por desempleo de las 5.149.000 personas en paro (49,7% mujeres), no porque prevea crear 1,2 millones de puestos de trabajo, sino porque prevé reducir su cobertura por seguro o subsidio de desempleo.

Llueve sobre mojado, porque la tasa de cobertura de las personas paradas registradas en las oficinas de empleo (que son menos que las paradas según la EPA, más representativa) viene bajando desde el 78,4% en 2010 al 58% en 2014, con una importante brecha de género, de la que sólo disponemos de datos del SEPE de 2013 y 2014, en que tuvieron protección el 63,8% de los hombres, frente al 54,2% de las mujeres http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/9/o59208.pdf/

 

 

Los contratos a tiempo parcial, que ya son el 26% de los femeninos y 8% de los masculinos, y su impacto en el empleo con pobreza (menos de 676 euros al mes) llevaron al Consejo sobre las Mujeres y la Economía de la Unión Europea de 19.06.14 a exigir que la EPA refleje el empleo a tiempo parcial como tasa equivalente del tiempo completo, y la relación entre pobreza y violencia contra las mujeres. Su publicación y difusión deben servir al Objetivo H.3 de la Plataforma de Acción de Beijing 1995, para la sensibilización social y para hacer políticas contra la discriminación.

Los 19.521,73 millones de euros del programa 251M de prestaciones por desempleo se desglosan en 11.833,80 para prestaciones contributivas, 5.254,61 para subsidio de desempleo (de 426 €/mes durante 18 a 30 meses) para quienes han agotado la prestación contributiva, carecen de rentas superiores a 486 €/mes y tienen responsabilidades familiares, 1.412,99 millones para Renta activa de inserción, 670,33 millones para el subsidio agrario SEASS y 350 millones para ayuda económica del programa de activación para el empleo.

La recuperación del empleo no es proporcional a la del PIB. Las cifras oficiales indican que del 2º trimestre 2014 al 2º trimestre 2015 el PIB creció un 3,1%, pero el empleo sólo el 2,96%, desglosado en un 3,39% para el empleo masculino y 2,44% para el de las mujeres.

En los 4 años de esta legislatura (2012-2015) la brecha entre la Tasa de Paro de Mujeres y Hombres se ha triplicado.

 2.- Las políticas de igualdad de las mujeres siguen bajando, pese a las recomendaciones del CEDAW

El recorte en un 5,22% del programa 232B “Igualdad oportunidades entre mujeres y hombres” correspondiente al Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades (es decir con competencias adicionales sobre discriminación de colectivos raciales o étnicos), es contrario al punto 15 de las Observaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas CEDAW/C/ESP/CO/7-8 del 24 de julio de 2015 sobre la aplicación en España en el periodo 2008-2014 de la Convención CEDAW, que, tras recordar al Gobierno de España que las medidas de austeridad adoptadas por el Estado tienen efectos negativos sobre las mujeres, y que en tiempos de crisis debe hacer esfuerzos especiales para respetar los derechos de las mujeres, sostener y ampliar la inversión y la protección social, especialmente de las mujeres más vulnerables, y evitar medidas regresivas, recomienda que se restablezca el Ministerio de Igualdad eliminado en 2010, con recursos humanos y financieros adecuados para iniciar, coordinar y ejecutar las políticas de igualdad de género a un alto nivel, y aumentar los recursos del Instituto de la Mujer para un enfoque fuerte en derechos de las mujeres, fortalecer la coordinación con las CC. Autónomas y fortalecer la cooperación con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la igualdad de la mujer.

 

El CEDAW, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas, recomendó al Gobierno de España el 28 de julio de 2015 que restablezca el Ministerio de Igualdad eliminado en 2010 y aumente los recursos del Instituto de la Mujer para un enfoque fuerte en derechos de las mujeres.

El Instituto de la Mujer dedicará en 2016 el 39% de su presupuesto (8,5 millones) a la contratación externa de ‘material, suministros y otros’ y el 22% (4,3 millones) a subvenciones, la mayoría a entidades empresariales, de las que el 60% están adjudicadas sin publicidad ni concurrencia:

PREVISIÓN DE SUBVENCIONES DEL INSTITUTO DE LA MUJER EN 2016euros
Subv. a la empresa pública CERSA para avales a mujeres emprendedoras50.000
Subv. a Ceuta para promoción de igualdad e inserción sociolaboral50.000
Subv. a Melilla para promoción de igualdad e inserción sociolaboral50.000
Subv. a entidades locales para formación y fomento del empleo femenino125.000
Subv. a 150 PYMES para planes de igualdad900.000
Subvenciones a asociaciones y fundaciones anti-discriminación de la mujer1.550.000
Convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias FEMP200.000
Convenio con la Cruz Roja. Programa SARA.100.000
Convenio con CEPAIM (Acción Integral con Migrantes). Programa SARA.100.000
Convenio con la FSG (Fundación Secretariado Gitano). Programa SARA.100.000
Convenio con FEUP (Fed. Española de Universidades Populares) Programa SARA100.000
Convenio con el Consejo Superior de Cámaras de Comercio360.000
Subv a la Fundación INCYDE (Cámaras de Comercio) emprendimiento femenino60.000
A la Conf. de Organizaciones Empresariales (CEOE) para mujeres directivas250.000
Subv. Para Programa de reducción de las desigualdades retributivas de género350.000
Total Capítulo IV4.345.000

 

La reforma de la Ley de Régimen Local por la Ley 27/2013 ha eliminado la competencia municipal en promoción de la mujer que establecía su artículo 28, mientras el artículo 27.3.c) dice que los ayuntamientos sólo podrán prestar servicios sociales, de promoción de la igualdad de oportunidades y de prevención de la violencia contra la mujer por delegación del Estado o de la Comunidad Autónoma financiada al 100%, financiación que no cubre la subvención de 125.000 € a entidades locales, ni aún sumada a los 200.000 a la FEMP prevista en el PGE 2016.

 3.- El programa contra la Violencia de Género sube un 6,3%, insuficiente para la financiación municipal de los puntos de atención y el Convenio de Estambul.

 El programa 232C Actuaciones para la prevención integral de la violencia de género se dota con 25.228.180 euros. Sube un 6,32% respecto a 2015 y un 5,5% respecto al comienzo de la legislatura en 2012, pero baja el 10,92% respecto a 2009.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género que lo gestiona sólo destina un 6% a personal, y sube del 49% al 53,3% el gasto en subvenciones (13,4 millones). De ellos 6 millones son para convenios con Comunidades Autónomas (excepto Navarra y País Vasco), para financiar los servicios de asistencia jurídica, social y psicológica a las víctimas en todo el territorio del Estado que establece el art. 19 de la Ley 1/2004. Es una cantidad insuficiente, pues equivalen al salario de unas 150 profesionales para más de 7.000 municipios.

Convenios Estado-CCAApara Asistencia social, jurídica y psicológica

a víctimas de violencia de género Art.19 Ley O. 1/2004

año20142015
BOE17/10/201427/06/2015
Andalucía567.287553.95263.504
Aragón209.041195.94371.150
Asturias156.681152.33563.344
Baleares172.828170.02761.697
Canarias222.583218.37361.409
Cantabria138.152134.64763.077
Castilla y León255.791240.88871.790
Castilla-La Mancha251.774237.61271.654
Cataluña534.426527.77561.630
C. Valenciana400.835388.02161.720
Extremadura193.272180.47671.824
Galicia232.895225.90563.586
Madrid479.103471.60060.711
Murcia195.846192.30562.680
La Rioja134.510129.39165.102
Ceuta77.21280.03512.571
Melilla77.76480.71512.551
Total4.300.0004.180.0001.000.000

Pedimos aumentar de 6 a 60 millones la dotación de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género (Programa 232B, partida 45) de convenios con las Comunidades Autónomas para financiar los servicios de asistencia jurídica, social y psicológica a las víctimas en todo el territorio del Estado, que establece el art. 19 de la Ley O.1/2004, para compensar la supresión de la financiación municipal impuesta por el art. 27.3.c) de la Ley 27/2013.

 

Sólo hay 2 millones para Atención a víctimas (Plan 2015-2018 contra la trata con fines de explotación sexual)

El 10% de ​​las mujeres de más de 16 años en España ha sufrido violencia física, 25% violencia psicológica de control, 22% violencia psicológica emocional, 8% violencia sexual (la mitad antes de los 15 años) y 11% violencia económica​, según la Macroencuesta oficial 2015, cifras que se incrementan un 33% en las mujeres con discapacidad. Pero ​sólo ​el 45% acudieron a servicios médicos, psicológicos, jurídicos o sociales,​ y sólo un 2​9% la denuncia​ro​n​, y de ellas un 2​1% retiraron luego la denuncia, por lo ​que las políticas públicas ​no pueden limitarse a medidas penales mientras aumentan la desigualdad y recortan las medidas educativas, preventivas y sociales. Según el IIG (Informe Oficial de Impacto de Género, pag. 347), en 2014 se presentaron 126.742 denuncias por violencia de género, un 1,5% más que en 2013. El 70% presentadas por la víctima al juzgado o la policía, 27% por la policía o personal sanitario y 1,6% por familiares. Un 12% de las mujeres renunciaron al proceso, se concedieron 18.775 órdenes de protección y se dictaron 28.365 sentencias condenatorias (61,2%) y 17.948 absolutorias (38,7%). Sin embargo, los indicadores del presupuesto por objetivos no mejoran la fiabilidad, comparabilidad y visibilidad exigidas por el artículo 11 del Convenio de Estambul vigente desde agosto de 2014.

Hay 3,6 millones de euros para teléfonos de localización y atención 24 horas ATENPRO, que en 2014 se dio a 10.502 usuarias en 965 ayuntamientos a través de la FEMP y Cruz Roja y x para pulseras y Seguimiento telemático de las Órdenes de alejamiento, a 716 parejas (1.192 personas) en 2014.

La insuficiencia de los 1,7 millones para las Ayudas del artículo 27 de la Ley O. 1/2004 de violencia (subsidio de desempleo de 426 € por 6 a 18 meses, en pago único), gestionadas por las CCAA, se percibe en que sólo 426 víctimas (el 0,33% de las denunciantes) la percibieron en 2014 y el dato de sólo 900 contratos (0,7% de las denunciantes) con bonificación de la cuota empresarial a la Seguridad Social -en 125 €/mes-1.500 €/año durante 4 años por contrato indefinido y 50 €/mes-600 €/año por contrato temporal- a quienes empleen a víctimas de violencia de género.

OBJETIVOS EN VIOLENCIA DE GÉNERO2013201420142015201520162016/2015
INDICADORES DEL PROGRAMA 232C realizadopresupuestorealizadopresupuestoprv realizarpresupuestovariac prtº %
Denuncias124.893135.000126.742135.000135.000135.0000
Pulseras vigilancia Orden de Alejamiento7269001.1927751.2001.20055
Ayudas económicas a víctimas (art.27)46827542650055055010
Llamadas atendidas en el teléfono 01658.27455.00068.65165.00070.00070.0008
Mujeres empleadas c/ ayudas a empresas7173507449009001.00011
Subvenciones a entidades sin lucro contra la Trata405040524450-4
Mujeres con teléfono móvil ATENPRO10.42610.50010.50411.00011.00011.0000
Municipios adheridos a ATENPRO (Atención y Protección para Víctimas de Violencia de Género)9559609679609679671
Unidades de coordinación6768616764670
Campañas de sensibilización222320
Reuniones Foro contra la Trata1001515150
Reuniones Observatorio Estatal Violencia Género                636360
Convenios con CCAA (arts. 19 y 27 Ley O 1/2004)173017303288

 

El Gobierno destaca en el Libro Amarillo de los Presupuestos el gasto de 1,5 millones de euros en Oficinas de Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual y en el Registro Central para la Protección de Víctimas de la Violencia Doméstica, como mejoras del Estatuto de la Víctima, y el incremento del 54,6% de la asistencia psicológica a las víctimas a través de los Colegios de Psicólogos.

Las campañas de sensibilización promovidas por la Delegación del Gobierno contra la VG siguen orientadas a que la víctima denuncie, limitándose a un procedimiento penal en el que la Comunicación 47/2012 del Comité CEDAW ha pedido, sin éxito, se combatan los estereotipos de género que desempoderan y disuaden a las víctimas.

El Presupuesto no responde a esa Comunicación, ni a las Observaciones finales a España CEDAW/C/ESP/CO/7-8 ni al art. 14 del Convenio de Estambul: sigue sin haber voluntad política ni recursos para la aplicación de los artículos 4, 6, 7, 8 y 9 de la Ley Integral de 2004, que obligan a incluir la igualdad de mujeres y hombres en los programas y materiales del sistema educativo, dar formación inicial y permanente al profesorado, asegurar una persona responsable de igualdad en los Consejos Escolares y que la Inspección informe sobre el cumplimiento. Además de la supresión de la breve Educación para la Ciudadanía, la actual LOMCE no hace ninguna mención al fomento específico o transversal de la igualdad entre hombres y mujeres.

La cooperación con las organizaciones de mujeres (art. 9 del Convenio de Estambul) no se cumple por la falta de actividad, apertura y transparencia del Observatorio de Violencia y del Foro contra la Trata.

Sobre el punto candente de los recortes en Puntos de Encuentro, necesarios para que las visitas de padres maltratadores no pongan en riesgo a los hijos e hijas, como dice la Comunicación 47/2012 del Comité CEDAW sobre Ángela González Carreño, reiterada en los puntos 10 y 11 del Informe de 24 de junio 2015 de Observaciones finales a España CEDAW/C/ESP/CO/7-8 y el artículo 31 del Convenio de Estambul sólo vemos una alusión en el Programa 231G Atención a la infancia y a las familias, cuya partida 48 reparte casi dos tercios del presupuesto en subvenciones nominales, sin publicidad ni concurrencia, a entidades que no representan ‘a las familias en su diversidad’, sino mayoritariamente la familia tradicional, discriminatoria para las mujeres y la infancia, que impregna el II Plan Estratégico Nacional de infancia y Adolescencia 2013-2016 y del Plan Integral de Apoyo a la Familia 2015-2017:

SUBVENCIONES DE LA DG DE FAMILIA E INFANCIAPROGRAMA 231G ATENCIÓN A LA INFANCIA Y A LAS FAMILIAS A ENTIDADES PRIVADAS SIN FIN DE LUCRO
 AFAMMER, Asoc. de Familias y Mujeres del Medio Rural para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central70.000
 UNAF Unión de Asoc. Familiares para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central y la de sus entidades asociadas430.000
 Plataforma de Organizaciones de infancia para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central y la de sus entidades asociadas1.333.570
 CEAPA, Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos para el sostenimiento económico financiero de su estructura central80.190
 CONCAPA, Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos para el sostenimiento económico financiero de su estructura central54.000
 Federación Española de Familias Numerosas para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central287.240
 Federación Nacional de Puntos de Encuentro para el Derecho de Visitas para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central40.000
 Foro Español de la Familia para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central y de sus entidades asociadas55.000
 Federación Española de Municipios y Provincias para medidas de apoyo a la parentalidad positiva60.000
 «Fundación + familia», para el cumplimiento de sus fines y del «Certificado de empresa familiarmente responsable»7.500
TOTAL2.417.500

 

4.- La 5ª suspensión de la ampliación del Permiso de Paternidad: una legislatura perdida

El Gobierno, a través de los Presupuestos Generales del Estado 2016 pospone por quinto año  consecutivo, dice que al 1 de enero de 2017, la ampliación a 4 semanas del permiso de paternidad por nacimiento, adopción o acogida de la Ley 9/2009, manteniéndolo en las dos semanas establecidas por la Ley de Igualdad de 2007, frenando la corresponsabilidad de los padres, madres, Estado y empresas en el cuidado de la infancia.

En el año 2014 236.714 padres trabajadores disfrutaron de permisos retribuidos por la Seguridad Social con 202,3 millones de euros, el 2,06% de la partida de subsidios de incapacidad temporal y otras prestaciones de la seguridad social que recogen los PGE 2014 en el programa 221M incrementado en 2016 en un 5% para prestaciones por maternidad y paternidad.

Esta suspensión de la ampliación del permiso de paternidad, junto a la falta de dotación de recursos en educación infantil de 0-3 años repercute en que en 2014 se tramitaran 31.435 excedencias por cuidado de hijos, de las cuales el 94% fueron tomadas por mujeres, porcentaje que prácticamente se mantiene (92%) en lo que va de 2015, lo que refleja la desigualdad en el cuidado de los menores, que a su vez conlleva la precariedad de las mujeres en el mercado laboral con empleos a tiempo parcial, reducción de jornada o a excedencias para poder compaginar la vida familiar y laboral que incrementan de la brecha salarial actual y la brecha en las pensiones futuras.

En el debate presupuestario, el Secretario de Estado de Administraciones Públicas, Sr Beteta, ha anunciado que a las funcionarias del Estado se les sumará a partir de 2016 un permiso retribuido de la semana 37 a la 40 de gestación. Proponemos que el coste de esas 4 semanas se aplique a la ampliación general del permiso de paternidad, por ser una medida que contribuye más a la igualdad entre todas las trabajadoras y entre madres y padres.

 5.- La Atención a la Dependencia sube un 6,4% para atender a un 55% más de personas, con un promedio de 3 euros al día por persona, contradiciendo el 5º ODS.

La aportación del Estado al Sistema de Atención a la Dependencia (SAD) será de 1.252 millones de euros, un aumento del 6,4% que no alcanza para la atención a los 746.142 personas beneficiarias en junio 2015 más las 411.235 dependientes moderadas incorporadas al SAD en julio de 2015, tras tres años y medio de suspensión de su derecho, como señalan la Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia y el Observatorio Estatal para la Dependencia, y carece de presupuesto por objetivos.

A la baja cobertura (hay 1.577.207 solicitantes de los que sólo el 47,3% tiene ayuda a domicilio, centro de día, residencia, asistente personal o paguita a su cuidadora familiar) se suma un descenso dramático de la suficiencia de financiación: si en 2015 era de 136 euros por persona y mes, en 2016 bajará a 90,21 €/mes. ¿Qué ayuda profesionalizada para funciones de la vida diaria cabe en 3 euros al día?

El SAD es otra Cenicienta de la legislatura. Teniendo las personas en situación de dependencia un derecho subjetivo universal a la atención, según la ley, las personas beneficiarias sólo han aumentado el 0,6%, de 741.713 en diciembre 2011 a 746.142 en junio 2015, con lo que el cuidado recae en mujeres del ámbito familiar: cuidadoras familiares con una cada vez más exigua paguita, empleadas de hogar en condiciones precarias o hijas u otras familiares mediante trabajo no pagado. Según la Memoria económica de la Ley de 2006 la financiación pública entre el Estado y las CCAA en 2015 debería ser de 6.203 millones, alcanzando el 3% del PIB. El Presupuesto del Estado para 2016 es sólo el 40% de lo comprometido entonces, y las CC. Autónomas cubren de forma desigual y escasa su cuota.

El 5º de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030 que aprobará la Asamblea de Naciones Unidas en septiembre de 2015 es la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas, y su 4º apartado va más allá de la medida 165.g) de la Plataforma de Acción de Beijing –reconocer,  valorar y repartir los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado- al añadir “mediante la prestación de servicios públicos, la provisión de infraestructura y la formulación de políticas de protección social”.

También el punto 29,b) de las citadas Observaciones finales a España CEDAW/C/ESP/CO/7-8 recomiendan ‘Restaurar la financiación de la aplicación de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas Dependientes’ pero ni el Presupuesto ni el Informe Oficial de Impacto de Género lo asumen, pese a ser mujeres el 67% de las personas dependientes y el 83% de sus cuidadoras.

 6.- Educación: la LOMCE apuesta por la segregada, pero no por la infantil, la sexual, ni la compensatoria de desigualdades.

Aunque el grueso de la educación pública se financia por el opaco sistema de transferencias de competencias y recursos a las Comunidades Autónomas, el gasto en Educación en los PGE 2016 es de 2.483,96 millones de euros, un 9,3% más que en 2015. El 57% es para becas, que tienen una leve subida del 0,2%. Las Enseñanzas Artísticas (3,37 millones) bajan el 29,6% y la Educación compensatoria de las desventajas socioeducativas (5,11 millones) sigue bajando, este año el 2,6%.

La Educación Infantil y Primaria programa 322ª supone el 6,5% (161,57 millones) un 1,7% más que en 2015. Pero ni con mucho recupera el nivel de 2010, pese a que sólo el 33,7% de los 1.305.159 niños y niñas de 0 a 3 años están escolarizados en el 1er ciclo de Educación Infantil pública y privada en el curso 2014-2015. El descenso anual del alumnado del 0,7% se atribuye por el Ministerio de Educación al descenso de la natalidad, como si la carestía de servicios accesibles a la infancia no fuera una de las causas. Las transferencias a CC Autónomas para Actuaciones en el primer ciclo de educación infantil (Prg.322A, partida 450) son ridículas: 1,2 millones.

Pedimos corregir la falta de objetivos de igualdad entre mujeres y hombres de la LOMCE de 2012, conocida como “Ley Wert”, en programas transversales y específicos; que la educación segregada por sexos no se financie con fondos públicos, que se incluyan la educación para la igualdad de género y la educación afectivo-sexual en el currículum educativo, concretando el mandato de la Ley O. 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo, y que se cumpla el punto 27 de las Observaciones del 24.07.2015 del Comité CEDAW/C/ESP/CO/7-8:

a) actuaciones específicas para la diversificación e igualdad de mujeres y hombres en opciones académicas y profesionales;

b) eliminar los estereotipos de género en los recursos educativos e incluir la promoción de la igualdad de género en los planes de estudio;

c) Educación sexual y reproductiva obligatoria apropiada a cada edad, impartida por personal capacitado e integrada en los programas escolares regulares, sobre comportamiento sexual responsable, prevención del embarazo precoz y enfermedades de transmisión sexual;

d) medidas eficaces contra el abandono escolar de las adolescentes gitanas y aumentar su educación básica y superior con acciones positivas como becas y libros de texto gratuitos.

 7.- Sanidad pública universal y de calidad, incluyendo el derecho al aborto sin discriminación de edad

El debate presupuestario coincide con la reacción del Estado Central contra las Comunidades Autónomas de Valencia, Baleares, Cantabria, Aragón y Madrid, que, al cambiar su gobierno en las elecciones de mayo 2015, se han sumado a Cataluña, Andalucía, País Vasco y Asturias en la aplicación de la sanidad universal frente al Real Decreto Ley 12/2012 que excluyó a los inmigrantes sin permiso de residencia y a las personas de nacionalidad española mayores de 25 años sin cotizaciones previas, la mayoría mujeres.  La sanidad universal y de calidad es imprescindible para la igualdad social y de género, y también su carácter público, porque las mujeres somos un blanco específico de la pseudosanidad privada, que ve en cesáreas, tratamientos de la menopausia y demás intervenciones innecesarias un importante nicho de negocio.

La financiación de la sanidad pública no depende principalmente del presupuesto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, sino de las comunidades autónomas, que gestionan el 92,1% del gasto sanitario público. Las transferencias que reciben del Estado no desglosan materias, y se integran en los programas 941 y 942 que suman 35.302 millones.

Exigimos la aplicación del punto 31 de las Observaciones del 24.07.2015 del Comité CEDAW:

a) Restaurar el acceso universal a servicios de salud, incluida la derogación del Real Decreto-Ley 12/2012, para garantizar la atención sanitaria a todas las mujeres, independientemente de su situación migratoria;

b) Asegurar que no se adopta la proposición de Ley del PP restringiendo el derecho al aborto de las jóvenes entre 16 y 18 años

c) Asegurar la prestación de un tratamiento adecuado a todas las mujeres con VIH/SIDA.

 9.- La cooperación al desarrollo se mantiene estancada en niveles de principios de los años 90.

Las asignaciones presupuestarias en Ayuda Oficial al Desarrollo  para 2015 se mantienen estancadas en el 0.17% del PIB, situando a España en los mismos niveles de AOD que a principios de los años 90 (cuando España era aún un donante incipiente) y a la cola de los países de la UE-15.

Al recorte del 60% acumulado en los años anteriores, por el programa de Cooperación al Desarrollo, se suma una nueva reducción del 0,27% en el presupuesto del 2016, mientras que el presupuesto del Ministerio se incrementa en un 4,33%, lo que muestra como esta sigue siendo una de las políticas más maltratadas durante la crisis.

20152016DIFERENCIAVARIACION 2015-2016
Cooperación al Desarrollo (Programa 143A)516476,7515085,12–   1.391,58 €-0,27%
TOTAL Mº A Exteriores y Cooperación(Cap 1 a 8)1.662.684,621.734.683,19   71.998,57 €4,33%

Fuente: Proyecto de PGE 2016

El informe Oficial de Impacto de Género, señala las medidas previstas para promover la igualdad de género en el conjunto de programas presupuestarios, lo que supone una mejora importante respecto a la elaboración de informes previos. Sin embargo, siguen sin identificarse los recursos presupuestarios asignados a las mismas, lo que impide conocer la magnitud y el alcance de las mismas y su evolución a lo largo de los años.

Agosto de 2015

 Plataforma Impacto de Género Ya

  1. Fórum de Política Feminista
  2. Otro Tiempo / Feminicidio.net
  3. ADAVAS (Asoc. Ayuda a Víctimas de Agresiones Sexuales y Violencia Domestica) León
  4. ADIBS Associació de Dones de les Illes Balears per a la Salut
  5. AMUINCA Asociación de Mujeres Inmigrantes en Castellón
  6. Asamblea Feminista de Madrid
  7. Asociación de Mujeres Feminista Puntos Subversivos
  8. Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT)
  9. Asociación de Mujeres para la Salud
  10. Asociación de Mujeres Politólogas
  11. Asociación de mujeres progresistas Sara Suarez Solís (Gijón)
  12. Colectivo Feminista Las Tejedoras
  13. COMFIN, Coordinadora de Organizaciones de Mujeres y/o Feministas por la Igualdad en Navarra
  14. Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres
  15. Federación Mujeres Jóvenes
  16. Fundación para la Convivencia ASPACIA
  17. Grupo de Mujeres de A. Vecinos Zarzaquemada (Leganés)
  18. Haurralde Fundazioa
  19. Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda Madrid
  20. Plataforma Cordobesa Contra la Violencia a las Mujeres
  21. Red de Mujeres América Latina y el Caribe en España

 

Seguiremos recogiendo firmas, que haremos públicas a mediados de septiembre en un Acto público, a ser posible en el Congreso de Diputados.

El informe de impacto de género de los presupuestos Generales del Estado 2016 se puede consultar en este enlace